Documentos de política: Impacto de sistemas de selección por mérito: el caso de Chile post cambio de ley

Resumen

La tensión entre el debido control político que requieren autoridades sobre el servicio civil y la autonomía técnica de este último ha predominado en los debates sobre gestión y políticas públicas de las últimas dos décadas. Esta distinción, entre las funciones políticas y las administrativas, se vuelve también necesaria para ayudar a la burocracia a desarrollar expertise, perspectiva de largo plazo y aprendizaje institucional. En otras palabras, para curtirse de la ciencia administrativa. La preocupación señalada ha tenido una expresión tangible en diversas reformas impulsadas por países desarrollados y otros en vías de desarrollo para controlar los grados de discrecionalidad política en la gestión de personas en el Estado, especialmente en posiciones profesionales de alto rango o de alta dirección. Aunque se trata de iniciativas efectivas para mejorar la gestión en el sector público, su implementación no ha estado exenta de dificultades importantes. Es más, la resiliencia es uno de los atributos que caracterizan la intención de autoridades políticas por mantener control sobre la burocracia y la evidencia empírica disponible apunta a que este propósito se satisface mediante estrategias adaptativas cuando las políticas en este ámbito se tornan más exigentes.

Desde el año 2003 que Chile cuenta con un sistema de Alta Dirección Pública para seleccionar directivos de primer y segundo nivel jerárquico en el país. El diseño y la implementación del Sistema ADP, sin embargo, no han estado exentos de aprendizajes que han emergido durante su operación, como la insuficiente protección de directivos nombrados, en particular frente a cambios de coalición en transiciones de gobierno; los altos costos de los concursos y la baja competitividad de ciertas condiciones laborales para determinados cargos, como las direcciones de servicios de salud y de hospitales, entre otros.

Luego de una nueva crisis político-institucional que estalló el año 2015 en Chile, se creó el Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Esta instancia elaboró una serie de recomendaciones en la materia, entre las que se incluye una reforma al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) de Chile. Muchas de estas disposiciones fueron posteriormente incorporadas en un reforma mayor que tuvo el Sistema el año 2016, mediante la Ley 20.955.

La principal motivación de este artículo radica en la necesidad estudiar la efectividad de reformas que buscan promover y fortalecer el mérito en la gestión de personas en el Estado. En ese sentido, una evaluación de los efectos de la Ley 20.955 representa una oportunidad única, que no solo puede generar aprendizajes de política pública para el país, sino también para el resto de los países de América Latina.

El artículo se estructura como sigue: en un primer capítulo se presenta al Servicio Civil en Chile, su contexto de creación y la labor que cumple el Sistema de Alta Dirección Pública. En el segundo capítulo se detalla la metodología a utilizar, describiendo las variables y modelos econométricos. El tercer capítulo presenta los resultados obtenidos en el estudio, y el cuarto capítulo presenta las principales conclusiones levantadas a partir de los resultados, y en línea con la labor de apoyar la construcción de políticas públicas de probidad en la región latinoamericana.