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Descripción

Este proyecto fue solicitado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), con el fin de evaluar una serie de características del programa de licitaciones de Defensa Penal Pública de la Defensoría Penal Pública (DPP).

Para el logro de sus objetivos especifico, este estudio aplicó una serie de metodologías de índole cuantitativa y cualitativa, entre las que se cuentan una revisión documental y levantamiento de entrevistas semi-estructuradas para identificar los procesos del servicio analizado, así como la aplicación y análisis de cuestionarios de costos a defensores locales, licitados, de trato directo y particulares en regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

A partir del levantamiento de información y su posterior análisis, se realizaron una serie de recomendaciones de política pública para la institución.

Conclusiones

Se identifica que, en primer lugar, existe una alta dinámica en el tipo de contratos que puede tener un mismo defensor en el transcurso de un año calendario. Por ejemplo, una proporción que varía entre un 20 y un 30% de los defensores contratados durante un año han sido registrado. En segundo lugar, existe un alto número de defensores para los cuales aparecen registros en el Sistema de Gestión de Defensa Penal (SIGDP) pero que solamente se desempeñaron en sus tareas por un número limitado de meses y/o semanas, tratándose esencialmente de suplencias. En consecuencia, la cantidad de defensores para los cuales se registra actividades en SIGDP sobre estima la cantidad efectiva de defensores que durante un año se desempeñan en dicha condición, y por consiguiente, calcular las cargas de trabajo promedio utilizando como denominador estas cantidades de defensores subestimaría las cargas de trabajo efectivas.

Se estimó que la provisión de defensa por medio de defensores licitados implica un desembolso aproximadamente 44% menor que mediante defensores locales. Con el objeto de minimizar el efecto de eventuales errores en la estimación de los costos por concepto de arriendos, servicios básicos y pago en recurso humano que brinda apoyo a los Defensores locales se re-estimaron estos costos arribando a la conclusión de que incluso en este caso el costo de los defensores locales supera en 33% al de los licitados.

En cuanto a la frecuencia de gestiones, hay una clara tendencia en cuanto a que son los defensores licitados los que más actividades realizan. Si bien los tiempos de dedicación a cada actividad varían entre las modalidades, con varias actividades requiriendo más tiempo por parte de los defensores locales, al cruzar las frecuencias de gestión y tiempos, sigue siendo notoriamente más alta la carga de trabajo de los defensores licitados.

La gestión de mayor precio son las audiencias de juicio oral, cada una de cuales puede llegar a costar una cifra que bordea los cuatrocientos mil pesos en caso que sea asumida por un defensor local, mientras que en el caso de los contratados por trato directo y licitados la cantidad asciende a una cifra cercana a los $230.000. Le siguen en precio las visitas a cárcel y las capacitaciones. De la misma forma, se estima que la realización de capacitaciones requiere alrededor de 3 horas y media al mes a un costo mensual de $160.492 en el caso de los defensores locales, y de $85.169 y $83.704 en el caso de los defensores trato directo y licitados respectivamente, a lo que debe sumarse el costo de la realización de las capacitaciones propiamente tal. De la misma forma, cada una de las visitas a cárcel tiene un costo de $114.375, $70.744 y $100.626 en el caso de los defensores locales, trato directo y licitados respectivamente.

Leer Informe Final