El estudio consideró una revisión y análisis documental que tuvo dos objetivos: entender el funcionamiento y los atributos del sistema, y por otro lado, facilitar la estructuración de los instrumentos de levantamiento de información primaria. Los documentos revisados incluyen instrumentos normativos, estudios relevantes realizados para la Comisión, así como reportes internacionales. En esta misma línea se realizó una revisión comparada considerando las experiencias de Australia, Costa Rica, México y Colombia.
Adicionalmente, se realizaron 25 entrevistas en profundidad focalizadas a actores claves que forman parte del sistema de evaluación y certificación de competencias laborales o que se relacionan con él. Junto con lo anterior, se realizó un análisis cuantitativo a partir de la base de certificaciones aportada por ChileValora para describir las características de la oferta de financiamiento, cobertura geográfica, sectorial, y su focalización en distintos grupos demográficos de la población.
Finalmente, se convocó un panel de expertos, de modo de testear y validar las propuestas de financiamiento diseñadas.
Se realizó un diagnóstico respecto de los esquemas de financiamiento de la Comisión y de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales.
Respecto del Valor de la institución y de los bienes públicos, se observa que la mayoría de los bienes y servicios que desarrolla ChileValora generan valor público. No obstante, se observa una escasa cobertura del sistema, debido a que los actuales esquemas de financiamiento no están alineados con las disposiciones a pagar de los actores, trabajadores, cesantes, empleadores actuales o futuros.
El análisis de las bases de datos, devela un bajo financiamiento privado de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, lo cual responde a: i) que los mecanismos de financiamiento están orientados a las empresas actuales, quienes tienen pocos incentivos para certificar a sus trabajadores; y, ii) el alto costo de los procesos de evaluación y certificación en comparación con la capacitación, en parte, asociado a la regulación e interacción de los Centros de Evaluación con ChileValora.
Al mirar el esquema de financiamiento de la Comisión (exigencia establecida en la ley de solventar el 51% de sus costos), se observa que éste es un impedimento para que pueda hacerse cargo adecuadamente de las funciones que tiene asignadas por Ley, restringiendo, entre otras, las actividades de revisión de estándares de competencias, supervisión de calidad de los procesos de evaluación y certificación, y fiscalización de las entidades, entre otros aspectos.
Para promover un aumento de certificaciones sustentable, es fundamental repensar los mecanismos de financiamiento, de modo que: i) incluyan a empresas pequeñas, cesantes y trabajadores por cuenta propia; ii) incentiven la articulación de formación/capacitación con certificación; y, iii) favorezca el crecimiento del mercado de Centros de Evaluación, analizando las inhabilidades presentes en el Sistema de modo de ampliar el mercado de Centros hacia el ámbito de formación (Universidades, CFT, IP) y gremios.
Respecto del Financiamiento, se recomienda:
Otras recomendaciones:
Los detalles de este estudio pueden ser consultados en el Resumen Ejecutivo y su Informe final.