Descripción

Para el desarrollo de este objetivo se realizó, de forma inicial, un análisis de la literatura internacional sobre buenas prácticas y procesos a través de los cuáles los altos directivos públicos elegidos por mérito podrían mejorar los estándares de probidad y transparencia de sus instituciones. En esta línea, se revisaron publicaciones académicas y documentos de trabajo, así como también se realizó un benchmark documental a partir de las experiencias de Nueva Zelanda, Dinamarca y Uruguay.

A partir del marco de trabajo estructurado en torno a la revisión secundaria, el estudio ahondó en los casos de seis (6) servicios públicos de Chile vinculados a a distintos ámbitos de política pública. En cada uno de estos servicios se realizó un levantamiento de entrevistas a directores/as de servicio y encargados de probidad y/o transparencia, con el fin de ahondar en la incidencia del sistema de alta dirección en estas dimensiones. Junto a ello se realizó una revisión de los convenios ADP vigentes y metas institucionales asociadas a probidad y transparencia en cada uno de estos servicios.

Resultados

Respecto a los principales hallazgos del estudio se tiene que, primero, un servicio bien evaluado en los indicadores de probidad y transparencia está relacionado con el hecho de que el Jefe de Servicio y el Encargado de Probidad y Transparencia están constantemente revisando el cumplimiento de la norma y velando porque sus equipos comprendan la importancia de la probidad y la transparencia, y proponiendo ideas que incluso van más allá de lo que la ley les exige. Este primer hallazgo es importante debido a que el involucramiento y el compromiso del primer nivel jerárquico sobre este tema permite relevarlo más al interior de la organización.

Un segundo hallazgo relevante es que existió un gran consenso entre los entrevistados en que las capacitaciones a los funcionarios en temas de transparencia relacionado con lo normativo, lo procedimental, la explicación de guías y manuales existentes al interior del servicio, entre otros, funcionan y deben impulsarse de manera constante. Esto es fundamental para cambiar la realidad a la que se enfrentan los Encargados de Probidad, donde algunos funcionarios se resisten a la entrega de información ya que es visto como una labor innecesaria y que responder las solicitudes realizadas por transparencia genera una sobrecarga de trabajo. En ese sentido, las capacitaciones (y la relevancia que el directivo otorga y demuestra en estos temas) podrían ayudar en mejorar la percepción de algunos funcionarios que ven la transparencia como algo indeseable.

Un tercer hallazgo tiene que ver con que los buenos resultados relacionados con la práctica institucional de impulsar propuestas que van más allá de lo exigido, como reducir los tiempos de respuestas de 20 días a 15 o mejorar los sistemas informáticos para subir más información a transparencia o a la página web. Así, publicar proactivamente más información produce que lleguen menos solicitudes mensuales por el portal de transparencia.

Cabe mencionar que este estudio quiso explorar las diferencias cualitativas entre los servicios públicos con un carácter más político, otros más técnicos y otros con un rol de fiscalización, pero al concluir los análisis y estudiar la evidencia, se tiene que no existen diferencias entre estas categorías. Las categorías que sí podrían estar afectando esta relación entre la ADP y la Probidad y la Transparencia, puede ser el tamaño del servicio en relación con la cantidad de funcionarios, el nivel de presupuesto y/o el nivel de profesionalización del servicio. Esto, de hecho, queda propuesto como una investigación para un siguiente estudio.

Descargar informe final del estudio