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Las réplicas pendientes

Mario Waissbluth

Durante 2011 hubo un gran terremoto en educación, que inicialmente desconcertó y que obligó  a todos los actores a replantearse. Los estudiantes ya corrieron el cerco del modelo de manera irreversible, aunque no habrá cambios significativos sin reforma política y tributaria.

Cuando nació Educación 2020, hace tres años, no nos cuestionamos las reglas del sistema. Con un Parlamento binominalmente pareado, cualquier cambio que significara ley de quórum calificado estaba condenado al fracaso. Nuestra urgencia era -y sigue siendo-  rescatar lo más rápidamente posible a cientos de miles de jóvenes que siguen egresando del sistema escolar sin entender lo que leen. Lo haríamos “en la medida de lo posible”, a sabiendas que tan sólo eso era una tarea improbable: mejores profesores, más exigidos en su formación, mejor remunerados y con mejores condiciones de trabajo; mejores directivos; y muchos más recursos para la educación, en particular para los más vulnerables.

A inicios del 2011 había algunos avances importantes, y llegó el terremoto. Inicialmente nos quedamos tan desconcertados como las autoridades y la oposición, y las tensiones de la sociedad se trasladaron al interior de Educación 2020. Se había desatado un fenómeno cuyos orígenes ideológicos se remontan a las reformas diseñadas en los 80. Se cuestionó el modelo educativo en sus raíces… y eventualmente el modelo socioeconómico completo. Nos tomó varias semanas reordenarnos y construir planteamientos para el nuevo escenario, en que los estudiantes ya “corrieron el cerco del modelo” de manera irreversible. No está claro cuánto, pero se corrió.

Temblores anticipatorios
Terminamos enero contentos. Se aprobó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, con importantes cambios en materia de directivos escolares, Estatuto Docente, retiros dignos para profesores. Un signo premonitorio: el proyecto de ley traía un “troyano financiero”. Si se aplicaba tal cual, demolía las ya maltrechas finanzas de cerca de la mitad de los municipios. Primera vez que el gobierno hacía un acto claramente agresivo respecto a la educación pública. Pero esto se revirtió en el Congreso, y por añadidura se firmó un protocolo de acuerdo entre gobierno y oposición que en verdad era nuestro sueño del pibe: todo lo que nos hubiera gustado ver (dentro de las reglas del juego del actual modelo) estaba allí considerado.

Cuál no sería nuestra sorpresa y desilusión cuando, a vuelta de vacaciones, el ministro Lavín anunció que daba por terminada la “revolución escolar” y que comenzaba la “revolución de la educación superior”. La escolar sólo estaba comenzando, y los hechos posteriores demostrarían que la “revolución superior” no era sino un eslogan. Se removió la falla geológica.

8,8 Richter
Las detonaciones suelen obedecer a una acumulación de masas críticas. La principal: la matrícula de la educación superior se expandió durante más de una década con un esquema desregulado, no de libertad sino de libertinaje de mercado, de 300.000 a un millón de alumnos, de los cuales cerca de un 40% no entiende lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas sencillas. Del millón, cerca de 40% termina desertando y endeudado, otro 30% con un título tan espurio, que no les permitirá pagar la deuda de sus elevadísimos aranceles ni en 30 años. Así, se acumularon 700.000 estudiantes que se dieron cuenta colectivamente de la falsa promesa, más dos o tres familiares por alumno, suma dos millones de personas engañadas por la venta al por menor de “productos” universitarios. Muchos de ellos son, probablemente, los mismos defraudados por La Polar, y que constatan a diario casos de colusión y abusos similares, al igual que los “indignados” de Madrid o Wall Street.

Los estudiantes salieron a la calle a exigir el fin del lucro (se puede releer como el fin del abuso), la defensa y expansión de la educación pública, y gratuidad en la educación superior. Los secundarios en esta ocasión iban a la cola del movimiento y con peticiones confusas, cuando en realidad las raíces del problema se originan en la educación parvularia, básica, y en los damnificados liceos técnicos. Todos salieron a demoler el modelo educativo diseñado en los 80. Ojo, no salieron a pedir un modelo “soviético de los 60”, sino las prácticas mayoritariamente utilizadas en los países de la OCDE: mayor preponderancia de educación pública, mayores aportes del estado, y el fin de los abusos. Cuando he explicado a embajadores de la OCDE que en Chile la educación general se desarrolla con fines de lucro, subsidiada, sin barreras de entrada, y con copago de los padres, me quedan mirando atónitos.

La reacción inicial del gobierno fue refugiarse en la intransigencia ideológica. El modelo se podría refaccionar, las becas mejorar, pero no se cuestionaría. El lucro no se discutiría, y el gasto aumentaría dentro del actual marco tributario (como quedó demostrado en el proyecto de Presupuesto 2012). Pero, además, la respuesta fue acompañada con lujo de agresiones innecesarias, en un ambiente enrarecido: “inútiles subversivos”, “manga de anarquistas”, “la educación es un bien de consumo”, “huachos”, satanizaciones diversas.

La violencia se desató, y los dirigentes estudiantiles moderados fueron predeciblemente sobrepasados por los intransigentes. Cayó un ministro, el conflicto escaló, se derramó más allá de la educación, y a la altura de agosto el panorama era tenebroso. Paradojalmente, los que defienden la educación pública escogieron como forma de lucha la  toma de establecimientos públicos, originando una migración aun más rápida al sector particular, para satisfacción de muchos, personeros del gobierno incluidos.

Esperando las réplicas del 2012
Un punto de inflexión se gestó al interior de la coalición de gobierno. Algunos de sus integrantes, todavía minoritarios, como Lily Pérez o Hernán Larraín, comenzaron a decir que había aspectos del modelo educativo y financiero que se podrían discutir. Transparencia. Carga tributaria. Lucro. Esto se amenizó con la discusión de un presupuesto anunciado como “revolucionario” cuando (para variar) distaba de serlo. Recientemente, el ambiente se reenrareció por el envío de un proyecto de ley que se podría llamar de Casi Desmunicipalización Desfinanciada, que concitó rechazo universal, incluso de parlamentarios y alcaldes de gobierno. La educación pública no parece estar en el corazón del gobierno, como no estuvo en los hechos durante los 20 años anteriores. Los resultados de la elección de nuevos dirigentes universitarios auguran un 2012 “caliente”.

¿Hay luz al final del túnel?
Seamos sinceros. No habrá cambios significativos al modelo educativo (posiblemente el más neoliberal, socialmente segregado y pro mercado del mundo) sin reforma política y tributaria. Resolver los problemas de la educación no es sólo un tema de recursos. Pero según varias estimaciones, incluyendo la nuestra, los cambios normativos y de gestión serán cosmética pura si no se inyectan gradualmente entre 2 y 3 puntos adicionales del PIB al sistema educativo. En suma, no habrá cambios relevantes sin cuestionar algunas bases fundacionales del modelo político y socioeconómico del “chorreo” diseñado en los 80 y que continúa casi intacto hasta hoy. Bajo gasto público, alto crecimiento, con altísima desigualdad y segregación.

Mientras eso no ocurra, y quién sabe cuándo ocurrirá, si es que ocurre, mucho dependerá de la decisión gubernamental – expresada en actos concretos- de rescatar la educación pública; mejorar significativamente la transparencia del sistema educativo; un cambio radical del modelo regulatorio de la educación en que todo establecimiento pase a ser una concesión del Estado con términos más rigurosos en cuanto a barreras de entrada, así como exigencias amplias de calidad; la disposición a inyectar recursos en serio a la madre de todas las reformas que es la carrera docente;  fórmulas transicionales adecuadas para los egresados de media que no entienden lo que leen; y abordar el enorme gap entre aranceles reales y de referencia en educación superior, donde se juegan cerca de mil millones de dólares al año.

Habrá réplicas telúricas el 2012. No sé cuántas ni de qué magnitud.

Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020
Revista Qué Pasa, 23 de diciembre de 2011