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El escándalo de la educación superior

Mario Waissbluth

En Educación 2020 hemos planteado desde el 2009 que la acreditación está desacreditada. Cientos de miles de estudiantes salieron a la calle el 2011, a protestar contra los abusos y el mercantilismo desenfrenado del sistema de educación superior, incluyendo las reiteradas, públicas y notorias violaciones a la ley que prohíbe el lucro en universidades.

No se trata sólo de violaciones jurídicas, sino también éticas, morales, y de conculcación de derechos de los “estudiantes-clientes”. Han venido arrastrándose desde gobiernos anteriores, a vista y paciencia de todos. La defectuosa institucionalidad – y voluntariedad – de la acreditación fue un acuerdo entre ambas coaliciones, por lo cual nadie puede hoy fingir demencia. Entre los “dueños” o autoridades de estas entidades figuran variopintos líderes del espectro político y empresarial. La prensa económica publicaba – con orgullo – transacciones millonarias de compraventa de emporios universitarios. El sólo hablar de “dueños” de universidades es en realidad insólito. La ley dice que deben ser entes sin fines de lucro, y por ende los activos de esas entidades cesan de pertenecer a los mismos, aun cuando los hayan aportado en efectivo.

Incomprensible impasibilidad. El gobierno actual, impasible, promete y promete, ya por casi dos años, que con una Superintendencia de Educación Superior se van a resolver los problemas. Impasible, escuchó las declaraciones del Ministro Lavín diciendo que había retirado utilidades de la Universidad del Desarrollo. Impasible, desacreditó un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que en retrospectiva era premonitorio. Impasible, desoyó las denuncias del ex Secretario Ejecutivo de la CNA y trata ahora de “matar al mensajero”. Impasible, su representante en la CNA anuncia que no tuvo tiempo para asistir a sus reuniones… excepto para aprobar algunas dudosas acreditaciones.

Impasible, el gobierno ve como los dueños de la Universidad del Mar desmantelan los despojos financieros e inmobiliarios, lo que en lenguaje empresarial podría llegar a constituir una quiebra fraudulenta, y lo más que hace es enviar los antecedentes al Consejo Nacional de Educación para ver si éste decide cerrarla en algunos meses más. Es el caso más urgente. Son centenares de funcionarios y cerca de 15 mil alumnos damnificados. Si la ley de la Superintendencia de Educación Escolar le permite al Estado poner un interventor en casos como este, no se entiende porqué el Congreso no podría pasar una ley transitoria y urgente de cinco líneas para hacer lo mismo en este caso universitario. Los gobiernos capitalistas ponen síndicos en casos de quiebra, y meten a la cárcel a los dueños si se comprueba que son fraudulentas. Estos damnificados no pueden esperar varios meses o años para que se termine de legislar sobre la largamente prometida Superintendencia de Educación Superior.

Impasible, ahora el gobierno ve como el Ministro de Justicia, co-dueño junto al resto de su familia de una universidad y de una inmobiliaria que le arrienda instalaciones a la misma, comete – como mínimo – el desatino y/o negligencia de contratar en ese Ministerio al que hoy sabemos que es presuntamente el coimeado máximo del sistema, el Sr. Díaz, mientras se está acreditando el INCACEA, de su propiedad. Primero declaró que no conocía al Sr. Díaz antes de ser Ministro. Rápidamente debió retractarse. Luego dijo que no fue el quien lo propuso para contratarlo en el Ministerio. Debió retractarse. Luego dijo que no estaba enterado de que el INCACEA se estaba acreditando. Aunque todo termine siendo legal en este caso, la credibilidad está por el suelo, en el Ministerio encargado precisamente de velar por la sana operación de las organizaciones sin fines de lucro. La mujer del César además de ser honesta, debe parecerlo, especialmente en este cargo.

A estas alturas, ¿quién le restituye el tiempo perdido y el daño reputacional a decenas de miles de estudiantes de la Universidad del Mar, Pedro de Valdivia, Autónoma, Bernardo O´Higgins, SEK, UNIACC, el CFT Simón Bolívar, y otras que han sido salpicadas en este escándalo? Este afecta a un “negocio” de la educación superior que mueve aproximadamente US$ 5 mil millones de dólares por año, y que genera márgenes de utilidad por aproximadamente US$ 1 mil millones.

Algunas de estas instituciones privadas son muy serias y las reinvierten, pero otras, insensata y dolosamente, por que son negociantes de la peor calaña, se las llevan para su casa o su inmobiliaria en desmedro de la calidad y el prestigio de un sistema de educación superior que ya supera el millón de estudiantes. El escándalo de La Polar del 2011 quedó chico al lado de La Polar Universitaria del 2012.

¿Lucro en las universidades? Para rematar las cosas, el Sr. Matko Koljatic, flamante nuevo presidente de la CNA, secundado en la prensa por su “correligionario” Rolf Lüders, afirmó ser partidario de que exista lucro en la educación, uno de los puntos más cuestionados por el movimiento estudiantil y que constituye una ilegalidad en el caso de las universidades. Aunque todos tienen derecho a su opinión, esta es como mínimo una torpeza política, cuyo único resultado será inflamar más los ya caldeados ánimos estudiantiles, cuando el gobierno había decidido que las cosas se quedan como están en las universidades.

Sr. Koljatic: usted, además, se equivoca. Parto por aclararle que yo creo en el mercado y el lucro en las panaderías, y en los automóviles. La competencia perfecta induce mejoras de calidad y reducción de precios, eficientemente, porque son mercados transparentes, simétricos entre proveedores y consumidores bien informados, que entienden lo que están comprando, y sin que el consumidor quede atrapado por largos años en las garras del proveedor. Ud. parece creer que con una adecuada regulación, como la que se viene prometiendo con la Superintendencia y una nueva Comisión de Acreditación, estas imperfecciones de mercado se van a corregir.

Lo que Ud. no considera es que muchos pillos ya se apoderaron de este sistema, lo han expoliado por más de 20 años, y tienen todas las condiciones para darle la vuelta a una o a tres Superintendencias. Los tinglados ya están armados y Ud. quiere facilitarles aun más las cosas. Tal vez así lograremos lo que se ha generado en el “pseudo mercado” de la educación en Estados Unidos, donde las universidades con fines de lucro son legítimas. Según sus propios entes regulatorios, la tasa de titulación en universidades con fines de lucro es tres veces menor que en las universidades privadas sin fines de lucro o las públicas. La deuda de los estudiantes al terminar sus estudios, en las que tienen fines de lucro, es el doble que en las privadas sin fines de lucro, y el triple que en las universidades públicas.

Por último, me permito recordarle que la mercantilización con lucro en la educación conduce a la “venta de cartones” y en el mejor de los casos, al “entrenamiento profesional” y no a la verdadera educación superior. Esto no lo dice Camila Vallejo, sino la presidenta de Harvard, Drew Gilpin Faust, “las universidades son para bastante más que la utilidad medible…. Ni las cuestiones permanentes de la indagación humanística ni el sinuoso camino de la investigación científica que conducen a la postre a la innovación y al descubrimiento pueden calzar con pulcritud en un presupuesto y una agenda predecibles”. Claro, a Ud. le debe resultar una frase difícil de digerir.

La regulación del sistema de educación superior debe ser modificada radicalmente, o estos atropellos continuaran ocurriendo a vista y paciencia de una Superintendencia que no va a tener las armas jurídicas suficientes para combatir y castigar con dureza este verdadero saqueo y pillaje.

Mario Waissbluth
El Blog de La Tercera, 13 de diciembre de 2013