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Columna: La transparencia de la información en tiempos de crisis

Francisca Aguayo

La situación que llevó al dictamen de la Contraloría respecto de las facultades de comunicación de los alcaldes pone en evidencia problemas serios en Chile sobre la entrega de información oficial y la necesidad de mayor transparencia en materia de políticas públicas. Aún más visibles ante una crisis como la que estamos viviendo, estas fallas atentan directamente contra la posibilidad de generar una respuesta eficaz, de la sociedad en su conjunto, para hacer frente a la situación actual.

Si hay algo que distingue la crisis del COVID-19 de situaciones anteriores, es la necesidad imperiosa de que el Gobierno adopte una respuesta nacional que dé cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo (ya se han perdido oportunidades cruciales en este sentido) y que exija, con indicaciones oficiales, acciones a cada miembro de la sociedad para hacer frente de manera colectiva a la crisis. Esto requiere un flujo constante de comunicación oficial mediante la entrega de información basada en fundamentos científicos y canales amplios de intercambio sobre los riesgos y las medidas tomadas.

Ante la ausencia de adopción por el Gobierno de medidas que estén a la altura de la situación (que están llegando, una a una, tras días de críticas en la opinión pública), la ciudadanía ha tenido que recurrir a iniciativas impulsadas de manera individual. Lo demuestra el alto número de personas que, sin riesgo de haber contraído el virus, decidió someterse a una cuarentena en el sector oriente (previo a la adopción oficial de la cuarentena obligatoria), para actuar de manera preventiva.

La falta de coordinación y de transparencia en los canales oficiales de comunicación contribuyen tanto a la expansión del virus, como a la difusión de un pánico colectivo, completamente justificado debido a las informaciones contradictorias obtenidas por medios diversos, incluyendo redes sociales. No es posible que, en tiempos de crisis, la ciudadanía deba conformarse con la opinión de panelistas en emisiones de televisión y matinales. Esta situación, completamente inaceptable en el funcionamiento normal de una democracia, lo es más cuando está en riesgo la vida de las personas y el colapso total de un sistema público profundamente menoscabado.

En este periodo crítico, resulta urgente acentuar el rol de la transparencia en las políticas públicas, que debe manifestarse en información transmitida por las autoridades oficiales de forma coordinada, simple, clara y accesible para toda la ciudadanía, sin que esto implique sacrificar la sustancia. Ante una pandemia en que poco control tenemos los ciudadanos de la situación global, una de las pocas cosas con las que aún debiésemos poder contar es la información transparente y continua por parte de nuestro gobierno.

La comunicación que merecemos como ciudadanía no puede reducirse a indicaciones sanitarias y cifras básicas entregadas por el Gobierno en conferencias de prensa de diez minutos, sino que debe incluir, de manera amplia, una transparencia tradicionalmente ausente en la política chilena. Más aún en tiempos de crisis, esta comunicación amplia debiese funcionar en un doble sentido. Por una parte, se debería explicar, en tiempo presente, el estado actual de la situación con las medidas que se están tomando para enfrentarla. Por otra parte, en tiempo futuro, el Gobierno debiese transparentar las proyecciones oficiales para los días y semanas que vienen, tanto en materia de cifras como de las medidas que están siendo consideradas, explicando por qué no han sido adoptadas y la probabilidad de que lo sean. En otras palabras, la ciudadanía tiene derecho a saber lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, independiente de las razones de esto, que debiesen también ser explicadas. Aunque parezca obvio, la transparencia sobre las proyecciones exige aclarar que, en tiempos de crisis, la popularidad no debe tener cabida alguna ni en la acción política ni en la comunicación con la ciudadanía.

Al igual que en materia de prevención, este fue uno de los tantos aspectos en que la llegada tardía del coronavirus en Chile otorgó al Gobierno la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Se podría haber recurrido a la experiencia de otros países, en que se ha demostrado el impacto físico y mental generado por la insuficiencia de comunicación por parte de las autoridades. En Francia, por ejemplo, ante el estado de la situación, el Primer Ministro Édouard Philippe se comprometió recientemente a aumentar la transparencia del gobierno en la gestión de la crisis, mientras que en Estados Unidos, Donald Trump ha sido criticado constantemente por la insuficiencia flagrante de sus conferencias de prensa diarias.

Esto contrasta con la llegada que han tenido en la ciudadanía las conferencias diarias del Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. En el centro de la pandemia mundial y con una honestidad poco común en la política, Cuomo dedica al menos una hora de su combate diario contra el covid-19 a la comunicación con sus ciudadanos, pues ha entendido que este no es un aspecto más, facultativo, de la gestión de la crisis, sino un factor clave no sólo para la eficiencia de la respuesta sino para el funcionamiento democrático de las instituciones. La transparencia es un deber de las autoridades, en tiempos normales y más aún en tiempos de crisis.

Al igual que en otros aspectos de la crisis, no se avecina, por el momento, un cambio en el gobierno chileno. Sólo queda esperar que, a medida que se acentúe lamentablemente la crisis en Chile, el Gobierno escuche al fin a la ciudadanía, como en Francia, y que esta lección se agregue a tantas otras que el sistema político chileno deberá extraer, de manera transversal, tras una catástrofe como la que estamos empezando a enfrentar.

Columna publicada el 5 de abril de 2020, en El Mostrador.