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Adiós a los niños: el Ministerio de Justicia y el mal diseño del sistema de gobierno

Mario Waissbluth

Las únicas ocasiones en que los ministros y subsecretarios se preocupan de sus servicios es cuando queda un desparramo con consecuencias políticas. Entonces el ministro del ramo (en este caso, la ministra Blanco) se compromete a “actuar enérgicamente”, y a lo mejor cambian incluso al director del servicio correspondiente y ponen a un nuevo directivo transitorio seleccionado por sus lealtades políticas. Así ha pasado en estos meses, tanto en el Registro Civil como en Sename y Gendarmería.

El caso actual del Ministerio de Justicia es meramente un extremo de lo que ocurre cuando la gestión del Estado está mal diseñada de raíz.

Este extremo se manifestó ahora en un Ministerio que ha tenido problemas recientes en: a) Sename, b) Registro Civil, c) Gendarmería, d) Corporación de Asistencia Judicial… es decir, cuatro de los seis servicios dependientes del mismo.

Esto, a muchos lectores, le puede sonar a “lata administrativa”, pero de esta “lata” depende, en este caso, literalmente, la vida de niños maltratados en hogares del Sename o la realidad de decenas de miles de presos.

¿Por qué?

Más allá de la anécdota y la contingencia, hay razones estructurales.

Se supone –por ley– que los subsecretarios ejercen, o debieran ejercer, el rol de Jefe de Servicio, tanto respecto a la eficiencia y eficacia de su propio Ministerio como de los servicios dependientes del mismo.

En la práctica, los subsecretarios son designaciones tan políticas como las de los ministros, y no suele haber la menor consideración ni por sus capacidades ni por su interés en los temas de la buena gestión pública. Son parte de la lógica de cuoteo de cargos de la coalición en el gobierno, al igual que los intendentes.

Actúan más bien como un “viceministro” que reemplaza al ministro en el Congreso, hace política y se dedica a la política, las discusiones legislativas y el lobby con parlamentarios… y en muchos casos se dedican a “hacerle la cama” al ministro por ser de otro partido de la coalición.

En la práctica, la gestión cotidiana de su propio Ministerio y sus servicios dependientes queda a la deriva.

Esto se empeora con el hecho de que, en este tipo de gobierno hiperpresidencial, la ley de ADP no le da ningún rol al ministro ni al subsecretario en cuanto a la selección de los directivos de sus servicios dependientes. Las ternas de candidatos se envían a La Moneda, donde el Presidente escoge… por consideraciones de cuotas políticas.

Así, el Sename (o la Junaeb en el Mineduc) “le toca a la DC”, por ejemplo.

Por ende, los directores de servicios –buenos, reguleques o malos– en la práctica cotidiana no tienen jefe ni nadie con quien entenderse. Los convenios de desempeño de la ADP suelen ser revisados por… nadie. Se autorredactan y quedan en un cajón guardados, un rito más de la administración burocrática.

En este contexto, las únicas ocasiones en que los ministros y subsecretarios se preocupan de sus servicios es cuando queda un desparramo con consecuencias políticas. Entonces el ministro del ramo (en este caso, la ministra Blanco) se compromete a “actuar enérgicamente”, y a lo mejor cambian incluso al director del servicio correspondiente y ponen a un nuevo directivo transitorio seleccionado por sus lealtades políticas. Así ha pasado en estos meses, tanto en el Registro Civil como en Sename y Gendarmería.

“Solucionada” así la crisis frente a la prensa, el ministro y el subsecretario del ramo vuelven a sus asuntos cotidianos: hacer política, pensar en novedosas legislaciones (lo cual viste mucho) carentes de recursos y capacidad de gestión, anunciar novedosos programas (carentes de recursos y capacidad de gestión) o, como en el caso de la ministra Blanco, preparar su próxima candidatura a diputada.

En todo este panorama, los menores del Sename, los presos en las cárceles, los que requieren asistencia judicial gratuita, o los usuarios del Registro Civil, pasan a segundo plano. Lo mismo, calcado, ocurre en otros ministerios. El propósito mismo del Estado, que es servir a sus ciudadanos, queda en segundo plano.

¿Por dónde va la solución?

Una, utópica, sería esperar de buena fe que los presidentes nombren subsecretarios con competencias por –e interés hacia– la buena gestión pública, que por ende se preocuparían por la buena gestión de sus servicios dependientes. Asimismo, sería parte de la solución que los presidentes tengan la cortesía de pedirles a los ministros y subsecretarios que revisen y opinen sobre las ternas de la ADP, para asegurarse de que se está nombrando a directivos con competencias adecuadas, de modo que estos se sientan efectivamente reportando a su jefe de servicio ministerial.

De este tipo de soluciones podemos quedarnos sentados esperando.

La otra, que en realidad es la única que parece más factible, aunque requiere modificaciones legislativas que habrá que ver el 2018, es crear una figura de subsecretario que sea constitucionalmente responsable por la buena gestión del servicio ministerial y de sus servicios dependientes.

Así, al menos, los presidentes serían un poquito más cuidadosos en la designación de subsecretarios y jefes de servicio, y los subsecretarios andarían cotidianamente más preocupados por lo que ocurre en sus servicios.

Si esto fuera así, por ejemplo, en el caso actual, el subsecretario de Justicia hace ratito que habría sido acusado constitucionalmente por el megadesparramo –big fail– que tienen en los servicios dependientes del Minju.

La otra solución, complementaria, es poner la obligación, en la Ley de ADP, de que sea el ministro el que decida en la terna de la ADP, de modo que se sienta responsable por quien es o no es designado en la jefatura de cada servicio.

Soñar no cuesta nada.

Mario Waissbluth
El Mostrador, 18 de julio de 2016