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CFT estatales: un hito que no lo es

Mario Waissbluth

Columna co-escrita con Manuel Sepúlveda, Diego Vela y Patricio Carrasco, investigadores de Educación 2020.

La educación técnica profesional ha sido el “pariente olvidado” del sistema educativo. Se admite su importancia de la boca para afuera, pero la realidad de las últimas décadas no se condice con esa valoración, dejando todo en frases políticamente correctas.

Por estos días, el Congreso está analizando un proyecto de ley destinado a crear quince Centros de Formación Técnica (CFT) estatales para las regiones. Pocos se han enterado de esta discusión. La educación técnica no genera el interés necesario para aparecer en los medios de prensa; no ha sido anunciada como parte fundamental de la reforma impulsada por el gobierno; no ha sido bandera de lucha del movimiento estudiantil.

Es importante discutir este proyecto, que luego de décadas de abandono, intenta reposicionar al Estado como un actor relevante en la provisión de formación técnica, de la cual se ausentó por completo en los 80. Es fundamental introducir ajustes que perfeccionen la propuesta, porque lamentablemente este proyecto, tal como está formulado, no tendrá un impacto relevante, ni cuantitativo ni cualitativo.

Sería un aporte contar con CFT públicos, porque permitiría al Estado hacerse cargo de problemas que ningún otro ente podría. Este proyecto de ley sólo tiene sentido si logra nivelar el sistema de educación técnica hacia arriba. Sin embargo, dados los financiamientos previstos, sólo significará un aumento del orden  del 2% de la matrícula total de carreras técnicas, al menos en la primera década. Por ende, sólo se justificará si tiene un gran impacto cualitativo, logrando que los CFT estatales sean un referente para el país: de excelencia, autónomos, innovadores, con calidad docente, articulados directamente con los liceos, carreras profesionales, y sector productivo, con un fuerte sentido de responsabilidad por el bien común del entorno social y económico.

Deficiencias del proyecto

1. No permite la enseñanza de carreras técnicas de mayor duración, como las impartidas por Institutos Profesionales (IP). Este segmento es el de mayor crecimiento en la matrícula: los postulantes están optando por instituciones que les ofrecen la posibilidad de continuidad de estudios. Esto hará poco competitivos a estos centros respecto a la oferta privada.  Se está desaprovechando así la oportunidad de marcar el primer hito en la articulación de la educación técnica superior del país, integrando los aspectos positivos de los IP y CFT, y perdiendo la posibilidad de cambiarle la cara a este sector, renombrándolos -por ejemplo- como “Institutos Politécnicos” con una oferta educativa de amplio espectro.
2. Los recursos financieros son insuficientes para asegurar excelencia por parte de estos establecimientos. Los montos asignados  para cada CFT son menores que la inversión inicial realizada en el CFT Lota-Arauco financiado por Corfo.
3. Se propone un mecanismo de elección de rectores por mera designación y remoción presidencial, lo que generará suspicacias y abrirá espacios para privilegiar intereses políticos antes que académicos, generando el riesgo de tener autoridades basadas en cuoteos, y rotando en cada cambio de gobierno. Es imprescindible que estos rectores, a lo menos, sean seleccionados por Alta Dirección Pública y con mecanismos de remoción que no puedan ser arbitrarios.
4. Si bien el proyecto dice que estos centros se  formarán “al alero de una universidad estatal”, no queda claro el significado y esto exige muchas precauciones.  Es un hecho que hay universidades estatales de variable calidad, y algunas manejan ellas mismas CFT e IP de cuestionable calidad. Por ello, resulta imprescindible que estos nuevos entes sean completamente independientes de las universidades, pero asegurando la articulación académica entre ambos tipos de entidades mediante sólidos convenios de cooperación.
5. El proyecto no prevé ningún mecanismo sólido de rendición de cuentas sobre la calidad e innovatividad de sus labores, ni sobre su impacto. Jurídicamente serán un ente público, por ende no adscrito al licenciamiento del Consejo Superior de Educación. Por ello, en la Cámara de Diputados propusimos la conformación de un ente coordinador de alto nivel para estos CFT, que supervise la calidad de los perfiles de los candidatos a rector, así como los planes, programas e impactos de los mismos, aunque sin incurrir en injerencias en su orientación y administración, que debe ser de responsabilidad regional. Este organismo podría, además, articular a los 15 centros, y supervisar que sus futuros procedimientos de acreditación no sólo cumplan, sino superen los estándares. Asimismo, este ente debe recibir explicaciones en caso de despido arbitrario de sus autoridades. Integrado con la participación de los Ministerios de Economía, Trabajo y otros expertos, ayudaría a pensar “fuera de la caja” para mejorar sus programas, transformándolos en centros innovadores y de excelencia. No poner vigilancia ni mecanismos nacionales de rendición de cuenta a los nuevos CFT estatales, es una mala señal.

En síntesis, si el proyecto se aprueba tal como está, se  desaprovechará una gran oportunidad para dar un salto en la formación técnica del país.

¿Dónde está el “Plan Nacional Técnico-Profesional?

Más allá de nuestros reparos específicos al proyecto (puede revisar nuestras propuestas aquí), el principal problema hoy radica en la ausencia de un “Plan Nacional Técnico-Profesional”. Es decir, una propuesta coherente que aspire a transformar radicalmente la realidad de la formación técnica.

En Chile cuatro de cada 10 estudiantes de la enseñanza media egresan de la educación técnica profesional, y más del 50% de las y los alumnos que ingresan a la educación superior se matricula en instituciones técnicas.  Sin embargo, por el triste y clasista fenómeno de la “universititis”, la educación técnica terciaria recibe apenas el 15% del financiamiento público, presentando además los niveles de acreditación más bajos del sistema, las mayores tasas de deserción, y los menores índices de empleabilidad.

El futuro de la educación técnica no se juega única y exclusivamente en este proyecto de ley de CFT, y por eso es fundamental contar con un cronograma de cambios que se haga cargo de las múltiples necesidades del sistema, que van desde la creación de un Consejo Nacional de la Educación Técnico Profesional con sólidas atribuciones, la preparación pedagógica de los formadores en liceos técnicos, hasta la vinculación con la industria, pasando por una renovación radical del currículum, la infraestructura, un nuevo modelo de financiamiento, los mecanismos de articulación y continuidad de estudios, la nivelación de competencias básicas y los estándares de calidad a nivel medio y superior.

No podemos seguir “haciéndonos los locos” con este tema. Esa educación, que podría ser una ayuda para el desarrollo y crecimiento inclusivo, hoy forma a la mitad de los jóvenes del país y lamentablemente está reproduciendo un círculo de pobreza que tirará por la borda cualquier intento de salto al desarrollo.

Saludamos y agradecemos el movimiento iniciado por los estudiantes universitarios el 2011. Hoy, cuando estamos ad portas de discutir la “gran reforma a la educación superior”, les pedimos encarecidamente que dicha discusión se haga cargo del área TP, y no se vea eclipsada por las legítimas demandas de sólo una parte del estudiantado, generalmente los de mayores recursos.