Esta columna está co-escrita con Mirentxu Anaya, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020.
Mucho se ha discutido, y agriamente, sobre el impacto de la reforma educativa en la calidad. Hora entonces de objetivar su definición y enumerar las diez medidas que podrían incidir en ella. La calidad es un concepto complejo y multidimensional, y las formas de mejorarla son diversas y complementarias.
Definición de calidad
No hay que perderse, ésta ya quedó establecida en la LGE desde el 2008, inspirada en las definiciones de Unesco: “(…) que niños y jóvenes chilenos alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.… capacitarlos para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.
Relea algunas palabras… intelectual… artístico… tolerante… solidario… afectivo… y pregúntese si la educación de sus hijos y nietos está logrando estos propósitos de calidad.
Propuestas rápidas para mejorar la calidad
Comenzaremos con las que podrían rendir frutos a corto plazo.
Disminuir la presión curricular. El 64% de los alumnos de 8° básico no domina los contenidos de 5° básico en matemática, y 39% sólo alcanza los niveles de lenguaje de 3° básico. ¡5 años de atraso! Esto es difícilmente recuperable en la enseñanza media. La obsesión curricular insiste en “pasar materia” a niños que no entienden lo que leen ni lo que es un número en su concepto de fondo. Su comprensible reacción es la desconexión de lo que ocurre en el aula y la desmotivación. Esto también ocurre en escuelas particulares pagadas. En Chile hay 1.440 horas de clase por año, en la OCDE, 800. Allá es “enseñar menos, pero mejor”, aquí… “más, pero peor” y para más remate, para que reciten como loros.
Una reforma de costo casi nulo y de rápido despliegue consistiría en reducir la presión curricular y autorizar seis u ocho horas semanales adicionales sin clases lectivas, para nivelar a través de talleres de arte, creatividad, teatro, a todos los niños, donde los que saben más sean mentores de los que saben menos; donde se utilice el juego y el arte para desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral, el vocabulario y el manejo de conceptos matemáticos.
Esta reforma no requiere legislación, bastaría un simple instructivo de Mineduc recomendando a la superintendencia, los directivos y jefes de UTP a adoptar una actitud más flexible respecto al cumplimiento de los horarios y los contenidos mínimos obligatorios.
Otra prioridad, después de la simplificación curricular, es capacitar masivamente a los docentes en implementación curricular, es decir, estrategias didácticas para enseñar el currículum, así como herramientas concretas para enseñar en vulnerabilidad y con aulas heterogéneas. Esta es de inicio rápido, pero costo elevado y despliegue lento, pues requiere llegar a nada menos que 180 mil profesores. Pero aquí es donde se juega el verdadero partido.
Simce. El fenómeno perverso arriba descrito se refuerza con la exigencia de preparación y rendición mecánica del Simce de 2°, 4°, 6° y 8° básico, 2° medio y 3° medio de inglés. Una locura pura y simple. Profesores y alumnos robotizados. Hay que tomar medidas de emergencia para despresurizar el sistema, transformando más de la mitad de los Simce censales en muestrales y reduciendo su frecuencia. Hay que bajar la velocidad a la enloquecida jaula de ardillas a que se ven sometidos tanto profesores como alumnos. Una comisión de expertos está viendo este tema y sus propuestas se esperan para diciembre. No hay peor deterioro de la calidad integral que la “sobre-simcificación” del sistema escolar. Costo cero, o más bien ahorro neto.
Directivos. No hay escuela en el mundo que mejore si no tiene un magnifico director, inspector, y jefe de UTP, y excelentes profesionales en la oficina del sostenedor. Los avances que se lograron en el 2011 con la concursabilidad directiva están llenos de defectos plenamente identificados, los procesos no se están cumpliendo adecuadamente ni a la velocidad necesaria, por problemas de la norma y por falta de recursos. Las corporaciones municipales no tienen obligación de concursar a su personal. Los alcaldes carecen de recursos humanos y financieros para desarrollar adecuadamente los procesos de selección y para retirar directores salientes. Los programas de formación de directivos están desarticulados y son inestables.
Se requiere además un programa masivo de identificación temprana de líderes pedagógicos, entrenamiento permanente y recursos financieros para su instalación, que puede tener impacto en las aulas antes de tres años. Algo se ha anunciado por Mineduc al planificar un Centro de Liderazgo Directivo, pero se desconocen los detalles. Sobre mejoras a la concursabilidad, no hay todavía anuncios. ¿Dónde está el plan de directivos? La ruta corta al Everest de la calidad pasa por aquí.
Poda burocrática. Es cosa de preguntarle a cualquier sostenedor privado o público. La cantidad de controles burocráticos absurdos que se han ido acumulando por décadas, las persecuciones inspectivas, informes innecesarios, restricciones delirantes al uso de la ley SEP, informes de asistencia hora por hora, que desvían la atención de los directivos escolares y sus profesores en una cantidad importante de horas semanales y que podrían ser destinadas al foco pedagógico. Es cuestión de reunir a una comisión de “sostenedores y directores abusados”, escucharlos, y que el Mineduc use una tijera podadora para simplificar la vida a las escuelas. No requiere ley, sino buena voluntad. A menor burocracia, mayor calidad. Lo agradecerán los alcaldes, la FIDE y la Conacep.
Propuestas estructurales para la calidad
Una nueva carrera docente. Por supuesto, esta es la madre de todas las batallas: hay que mejorar el ciclo completo, desde quién ingresa a estudiar pedagogía, su habilitación e inducción para trabajar en las aulas, aumentos de remuneración base, mejores condiciones laborales, remuneraciones significativamente mayores para quienes aprueben determinados estándares, tiempo para tutorías entre profesores, fondos dignos para retiro en el sector público, y mayor fortalecimiento a las facultades de Educación con buena acreditación. Ya contamos con un plan maestro elaborado colectivamente por muchas organizaciones de la sociedad civil, y el Mineduc está en los pasos finales del diseño de la ley. Vamos que se puede.
Educación parvularia. Se ha anunciado, y bienvenida sea, la construcción y apertura de 90 mil nuevos cupos en sala cuna y 34 mil en jardín (pocos). Sin embargo, si estos establecimientos no tienen un nuevo estándar en cuanto a la cantidad y calidad de las educadoras de párvulos que los atenderán, se convertirán en meras guarderías, y muchas madres optarán por no llevar a los niños, salvo por razones laborales. Tan sólo para cubrir con estándares adecuados a estas nuevas instalaciones, sin contar las antiguas, nuestras estimaciones indican la necesidad adicional de 7.800 educadoras y 15.700 asistentes de aula, de competencias certificadas. ¿De dónde saldrán?
Liceos técnicos. Este es el sector más vergonzosamente abandonado de la educación escolar, fruto de nuestro ancestral clasismo. El Mineduc haría bien en comenzar a anunciar sus incipientes planes en esta materia, y ya existe bastante consenso entre los especialistas sobre los pasos más obvios que hay que dar. Ya van siete meses de gobierno y no hemos escuchado anuncios al respecto, aunque sean generales. Por lo demás, el presupuesto de educación técnica experimentó una leve reducción para 2015. ¿Los liceos técnicos no merecen calidad?
Educación Municipal. Independiente de la necesaria desmunicipalización, hay un tercio de municipios que son claramente identificables como los principales responsables de la caída de matrícula y resultados de aprendizaje. Esto, más allá de deudas financieras, depende del capital humano tanto en el sostenedor como en las direcciones de las escuelas. Hoy, el Mineduc carece de potestad jurídica para intervenir esas situaciones, y urge dárselas a través de una “ley corta”, de modo de controlar esta situación en el corto plazo. Si en la educación pública están los niños más vulnerables, lograr su mejor funcionamiento es una inyección a la vena de la calidad y la equidad.
Innovación pedagógica radical. Hay una obra impresionante, escrita por John Hattie, de 2013. Su título traducido es: “Aprendizaje visible: una síntesis de más de ochocientos meta-análisis relacionados con el logro escolar”. Destacan como muy positivas, entre muchas otras, las prácticas en que los alumnos se autocalifican, enfoques piagetianos, las discusiones en clases, la credibilidad del profesor, el aprendizaje entre pares, la confianza y la empatía en la escuela.
¿Por qué no atrevernos a innovar? ¿Por qué no crear al menos una escuela y un liceo experimental científico y técnico, en cada provincia? Verdaderamente experimentales y de excelencia, socioculturalmente integrados, asociados con las mejores escuelas de pedagogía, contando con los mejores directivos y profesores, donde se prueben los conceptos más innovadores del mundo. Por una década, estos establecimientos debieran quedar liberados del yugo curricular, el voucher per cápita, los controles enfermizos de asistencia, y los test estandarizados. Hay que atreverse. Esto no significa no evaluar sus resultados, ni proveerles a los apoderados la información necesaria para saber cómo les está yendo a sus hijos y así asegurarles que podrán ingresar a la educación superior. En lugar de liceos bicentenario que seleccionan para lograr mejores resultados, escuelas que se conviertan en centros de excelencia para la diseminación de buenas prácticas educativas. Eduquemos para el siglo XXI, no para el XIX.
Disminuir la presión del mercado educativo. Si llegaron hasta este punto, muchos lectores deben preguntarse, con algo de irritación: ¿y entonces… qué tienen que ver el lucro, copago y selección con la calidad? Sí, sí, tienen que ver, pero… indirectamente. Estos tres elementos, sumados a la permanente competencia por la subvención, y el Simce como herramienta de marketing, constituyen un conjunto de incentivos perversos que llevan inevitablemente a la pérdida de la indispensable colaboración entre escuelas, a la pérdida de foco de las escuelas en lo relevante, al temor a la pérdida de matrícula y el cierre, y a la segregación, al “descreme de alumnos” para tener mejores resultados. Es siempre más fácil y más rentable enseñarle a buenos alumnos y/o de mayor nivel socioeconómico, y así atraer más alumnos al establecimiento, cada uno de los cuales trae su “pan bajo el brazo”: la subvención per cápita.
No hay país en el mundo que muestre buenos resultados con escuelas que compiten y no colaboran, y más encima segregadas. Por cada alumno “segregado hacia arriba”, muchos olvidan que hay otro “segregado hacia abajo”, hacinado en un gueto sociocultural. Por más que se aumente la subvención preferencial, cualquier profesor de aulas vulnerables podrá testificar respecto a las enormes dificultades que representa sacar esos niños adelante. Los “segregados hacia abajo” no podrán salir nunca de la situación en que se encuentran, y nuestros resultados internacionales de calidad y equidad ya toparon techo por este lado.
Es impreciso decir que hay que terminar el lucro porque esos recursos no se usan en calidad. Los excedentes en el lucro escolar son comparativamente menores. Los abusos en grande se han dado en la educación superior. La razón por la cual hay que terminar con el lucro escolar es porque forma parte de una tríada de incentivos perversos de la segregación, que termina afectando la calidad, pero hay que hacerlo gradualmente y con respeto a los legítimos intereses de los dueños que fueron invitados por el Estado a invertir.
Raya para la suma
Llevamos meses con un sector del país gritando, gritoneando más bien, que “la reforma no afecta la calidad”. Si por “reforma” se entiende únicamente la ley actualmente en discusión, esta efectivamente resuelve sólo una pequeña parte de los problemas de calidad, pero mejora en buena medida los problemas de segregación, que de persistir, le impedirán a Chile lograr una educación tolerante, equitativa y solidaria. ¿Debió el gobierno haber comenzado por aquí? Ya en mayo dijimos que no. Pero es indispensable igual, y lo mejor es aprobar la ley a la brevedad posible, introduciéndole en el Senado todas las correcciones necesarias, para terminar con esta sensación de inestabilidad en sostenedores y apoderados.
El gobierno debiera producir con urgencia un discurso coherente, épico y planificado sobre las restantes nueve reformas de la calidad. Hasta hoy sólo ha mencionado esporádicamente algunos retazos de ellas, lo cual ha abierto el espacio para esta permanente trifulca.
Mario Waissbluth y Mirentxu Anaya
Voces de La Tercera, 7 de noviembre de 2014