Refuerzo a probidad y transparencia

Editorial en El Mercurio
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Los estados —y el de Chile no constituye excepción— deben tener como objetivo permanente la modernización y la incorporación de las mejores prácticas a la gestión pública. Sólo si las instituciones estatales actúan con eficacia, eficiencia y probidad mantendrán su credibilidad frente a la ciudadanía. Por eso, es bienvenida la decisión del Ejecutivo de reimpulsar la agenda de transparencia y probidad. Las iniciativas que se quiere promover prevén, entre otros, perfeccionamientos a la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública —básicamente orientados a acotar los plazos para las resoluciones del Consejo para la Transparencia y liberación de información reservada— y a las regulaciones sobre declaraciones de intereses y patrimonios —que aspiran a facilitar la presentación de las mismas, ampliar su contenido y establecer sanciones por incumplimiento—. Se contempla, además, convocar a un grupo de expertos que elabore propuestas para asegurar una buena gestión de la documentación electrónica, que hoy es fundamental para el contacto entre el Estado y la ciudadanía.
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Interesante es también el propósito de ampliar el sistema de Alta Dirección Pública. Actualmente, servicios de enorme importancia, como Impuestos Internos o la Dirección del Trabajo, no están sujetos a esta modalidad. Se argumenta que influyen en el diseño de la política, y de ahí su exclusión. Si así fuese, convendría avanzar en una separación más precisa de funciones. Como parte de esta reforma, sería positivo evaluar la posibilidad de que esos servidores públicos sean reclutados mediante contratos de desempeño transparentes, que establezcan objetivos precisos y cuantificables, definan los presupuestos por cada bien y servicio prestado a la ciudadanía, y que, para cumplir su tarea, les otorguen grados razonables de libertad para reasignar recursos y personas.
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La agenda que se quiere impulsar considera también extender el fideicomiso ciego a parlamentarios y consejeros del Banco Central. En esto se requiere prudencia, de manera que el conjunto de restricciones no se convierta en un costo demasiado alto para ingresar a la administración del Estado. En otros países se han definido criterios generales en estos asuntos y se ha dejado en manos de una oficina especializada e independiente la evaluación de si corresponde que una autoridad se someta a restricciones más específicas respecto de sus activos. A este respecto, Canadá es un modelo interesante.
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Entre las iniciativas planteadas, la regulación del paso de las ex autoridades desde el sector público hacia el privado es de la mayor trascendencia. Las normas actuales al respecto son imprecisas y los plazos de “latencia” —esto es, el período en que una ex autoridad no puede incorporarse a una actividad con la que se relacionó desde su cargo público— son reducidos. Una regulación satisfactoria en este ámbito es mucho más relevante que la que se pueda aplicar al ingreso al sector público. Muchos nombramientos del Presidente Piñera han sido cuestionados por provenir del mundo privado, aduciendo potenciales conflictos de interés. En unos pocos casos tales críticas han sido válidas, pero en su mayoría son totalmente injustificadas. Los problemas son más bien al egreso. Por eso, muchos países prohíben a sus altas autoridades salientes —generalmente, por un año— trabajar, asesorar o representar, remuneradamente o ad honorem, a organizaciones públicas o privadas con las que trataron oficialmente durante su gestión. A cambio de tales restricciones, el Gobierno ha pensado establecer compensaciones económicas, práctica que no se observa en los países que adoptan estas reglas. Más bien se presume que esas autoridades se pueden desempeñar bien en otros campos. Habría que evaluar cuidadosamente la conveniencia de esa compensación.