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Agencia de la ¿Calidad?

Mario Waissbluth

En agosto del 2011, el Congreso aprobó la “Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, iniciativa que creó la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, que conforman una nueva arquitectura del sistema escolar.

El Gobierno ha tenido la importante responsabilidad de poner en marcha este sistema. Es así como, por estos días, la Agencia de Calidad está definiendo el método por el cual se evaluarán los establecimientos educacionales, método que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de la Educación (CNED).

Consideramos que la labor de la Agencia es crucial para avanzar en la calidad en nuestro sistema educativo, y muchas de las tareas que hoy está comenzando a realizar – como las visitas de orientación a los establecimientos – son mejoras muy significativas. Pero en Educación 2020 estamos preocupados, muy preocupados.

La ley exige realizar una clasificación que distribuirá a los establecimientos en cuatro categorías de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, según rendimiento medido por los resultados del SIMCE y otros indicadores de calidad. Aquellos colegios que se mantengan en la categoría Insuficiente por cinco años consecutivos deberán ser cerrados por el Ministerio. Notablemente, patéticamente, los sostenedores privados o municipales, en definitiva los responsables de la calidad de sus escuelas, no son los sancionados según la Ley, sino los apoderados y niños que deberán ser trasladados. Grave omisión de la Ley.

Otro severo defecto de la Ley fue darle al SIMCE un peso excesivo de 67% en la calificación de “calidad” de las escuelas. El excesivo uso del SIMCE ya está distorsionando fuertemente el proceso educativo en todas las escuelas, llevándolas al esquema de “preparar a los niños para el test”, sin importar demasiado que los conceptos queden perfectamente olvidados al siguiente año, y destruyendo de paso la creatividad, los procesos de aprendizaje y la formación valórica en otras esferas no curriculares. Esto, en la literatura internacional, tiene un nombre peyorativo. Se llama “teaching to the test”.

Esta excesiva “presión del SIMCE”, que también ha sido incorporada a los convenios de desempeño de los nuevos directores de escuela, a veces con metas patentemente absurdas, se verá ahora agravada por las consecuencias que trae la aplicación de la Ley de la Agencia. Además, se está llevando la “Simcificación” al borde de la locura: 2º Básico, 4º Básico, 6º Básico, 8º Básico y 2º Medio. Los profesores se verán obligados a pasar la mitad de su tiempo entrenando a los alumnos a responder tests como monitos amaestrados. Los valores educativos no cuantificables se terminarán de ir por la borda.

Mientras la provincia de Alberta en Canadá – con resultados de excelencia – acaba de anunciar que está entrando en retirada en materia de sus “SIMCEs”, su forma de aplicarlos y sus consecuencias castigadoras, el “chilean way” escoge una vez más profundizar estos errores.

Continuamos introduciendo lógicas competitivas (clasificaciones y/o rankings) a un sistema en donde – está comprobado en todo el mundo – las prácticas colaborativas entre escuelas son esenciales para elevar la calidad agregada del sistema. Si esta cuestión ya resulta compleja, asociar los resultados de dichas clasificaciones a consecuencias que incluso implican el cierre de la escuela, es a juicio de muchos expertos internacionales una política completamente errónea, en especial cuando las condiciones en las que se desarrollan los distintos establecimientos son tan desiguales.

Es fundamental entonces elaborar instrumentos que se hagan cargo de las profundas desigualdades sociales de nuestro sistema escolar, de modo que la clasificación sea justa y analice el desempeño de las escuelas de acuerdo a su verdadero contexto.

Veamos un ejemplo hipotético: un Liceo con 93% de vulnerabilidad, en un barrio relativamente tranquilo, con un 20% de niños con déficit atencional o dificultades emocionales, que obtiene 230 puntos de SIMCE Lenguaje 2º Medio.

Ahora comparemos con otro Liceo de igual tamaño, del mismo 93% de vulnerabilidad, que tiene nada menos que un 63% de alumnos con alguna de las siguientes características: consumo de alcohol y droga; déficit atencional; dificultades emocionales; embarazo paterno o materno; infractor de ley o pertenencia a pandilla. Obtiene 220 puntos de SIMCE. Este Liceo, fíjese Ud., es un caso perfecta y terriblemente real que conocemos, y está en Cerro Navia. Sus directivos, con esfuerzos sobrehumanos, lograron aumentar su porcentaje de titulación de 62% el 2011 a 70% el 2012. ¿Es el primer Liceo el que va a quedar mejor rankeado en “calidad”?

Por cierto, la frecuencia de niños con necesidades especiales es muchísimo mayor en escuelas con elevado grado de vulnerabilidad, y supera con creces los límites establecidos por el Plan de Integración en una serie de problemas socio-afectivos y emocionales de menor envergadura. ¿Lo estarán tomando en cuenta en la Agencia?

Lamentablemente, y este es el motivo central de esta columna, el Consejo de la Agencia está agravando aún más las cosas. Como consta en acta, recientemente se inclinó (en votación dividida) por la implementación de un modelo de evaluación que no responde a estos imperativos, y que no es el utilizado internacionalmente para considerar la variable sociocultural en la evaluación de los test estandarizados. La metodología escogida para clasificar a los establecimientos, en términos simples, privilegia excesivamente el resultado por sobre el contexto, impidiendo que colegios con bajos resultados – pese a desempeñarse de manera eficiente en contextos de extrema vulnerabilidad – se clasifiquen en las categorías de mejor desempeño.

Si bien es cierto que debemos apuntar hacia un sistema que tenga resultados de excelencia en todos sus niveles y contextos, no podemos ignorar la extrema segregación socioeconómica y cultural de nuestras escuelas, ni las prácticas selectivas legales e ilegales que actualmente se desarrollan en ellas. Las políticas públicas han contribuido a crear verdaderos guetos socioeducativos, y por tanto este factor debe ser tomado en cuenta por la Agencia.

Por ejemplo, el año 2011 pudimos constatar que entre las “100 mejores escuelas del SIMCE”, la mitad de las escuelas con aporte estatal y mejor “rankeadas” pide requisitos de ingreso, es decir, vulneran la ley que prohíbe la selección en Básica. Hay establecimientos que flagrantemente publicitan en sus sitios web los ilegales procedimientos de selección académica, a vista y paciencia de la Superintendencia. Los niños que no son aceptados en estos colegios, en su vasta mayoría establecimientos particulares subvencionados, son llevados a las escuelas municipales.

¿Tomará en cuenta la nueva clasificación de los establecimientos esta ilegalidad que deja en desventaja a los establecimientos municipales? ¿Tomará en cuenta la Agencia el hecho de que muchas escuelas se apresuran a desprenderse de sus alumnos menos aventajados en 7º Básico o 1º Medio para que no se les “perjudique el SIMCE de 8º Básico” o el de 2º Medio? Esta es otra “verdad inconveniente” que todos sabemos y nadie publicita.

En suma, Educación 2020 considera clave que, al momento de validarse la metodología de ordenación, cuestión que le corresponderá en breve al Consejo Nacional de Educación, éste convoque a la más amplia discusión, tanto entre los expertos técnicos y pedagógicos, como con los distintos actores del sistema escolar. La decisión que se tome marcará el futuro del sistema educativo por largo tiempo, razón por la cual debe hacerse de cara al país.

*Esta columna fue coescrita con Manuel Sepúlveda y César Muñoz, del equipo de Política Educativa de la Fundación Educación 2020.

Mario Waissbluth, Blog de La Tercera
4 de junio de 2013