Proponemos 13 iniciativas para robustecer la investigación en salud y seguridad ocupacional

Esto a partir de un estudio que evaluó la implementación de proyectos en la materia, que son impulsados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Fortalecer mecanismos de colaboración con la ciudadanía, trabajadores y los distintos organismos involucrados es la idea central que se mantiene en las 13 propuestas que planteamos desde el Centro de Sistemas Públicos (CSP) de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, para mejorar la implementación del programa “Convocatoria a Estudios de investigación e innovación en prevención de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales”, financiado por las mutualidades y el Instituto de Seguridad, y fiscalizado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Se trata de un trabajo colaborativo entre dichas entidades que analizó el diseño, la implementación y los resultados de dicho fondo, lo que incluyó revisión de antecedentes, comparativas de rendimiento, entrevistas, focus group, entre otras acciones. Todo esto con el objetivo de facilitar la gestión del programa, aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar los resultados, y con ello intencionar la generación de estudios que tengan un impacto positivo en la seguridad y salud de las y los trabajadores. 

Así lo confirmó Felipe Blaset, ingeniero de Proyectos y Estudios del CSP que trabajó en la evaluación, quien añadió que “este proyecto es relevante porque genera evidencia en política pública. Tras su ejecución, tanto las instituciones involucradas como otros stakeholders tienen acceso a información no sólo sobre el funcionamiento de este fondo, sino además de sus resultados generales, sus fortalezas y debilidades y, lo más importante, las oportunidades que se abren hacia el futuro”.

En esto también coincidió Carlos Soto, analista de la SUSESO, quien destacó que  “el objetivo de este proyecto fue contar con una mirada externa del funcionamiento, relación con los investigadores e innovadores participantes, operatividad del proceso de asignación de los recursos y también de los resultados obtenidos de esta convocatoria. Los equipos de trabajo del Centro de Sistemas Públicos, de los Organismos Administradores y también los profesionales de esta Superintendencia que participaron en la confección del informe lograron un excelente producto que servirá como insumo para futuras mejoras tanto en la convocatoria misma como también en la eficiencia del uso de los recursos destinados a la búsqueda de ampliar las fronteras del conocimiento en la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales”.

Por su parte, Sandra Herrera, encargada de Proyectos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) manifestó que “este trabajo nos plantea el desafío de considerar, a corto plazo, las oportunidades de mejora que nos plantea el Centro de Sistemas Públicos e incorporarlos, idealmente, para la próxima convocatoria. Con esto esperamos dar un paso en la optimización de este fondo, que es de gran valor para las y los trabajadores”.

Se trata de una visión que compartió Marta Martínez, jefa Departamento de Investigación Aplicada de la Mutual de Seguridad. “Este proyecto fue muy relevante, pues permitió evaluar el trabajo que hacemos en investigación aplicada desde el 2006, con el fin de generar conocimiento y desarrollar estrategias preventivas, basadas en evidencia científica, para mejorar las condiciones de salud, seguridad y bienestar de nuestros trabajadores. Los resultados del proyecto permitieron analizar el sistema mediante el cual las mutualidades financiamos los proyectos de investigación, y pudimos observar brechas como la centralización de los proyectos (la gran mayoría se realiza en la región metropolitana), y también las brechas de género en investigación, que son temas en los cuales debemos seguir trabajando”.

Félix Arredondo, encargado de la Unidad de Estudios y Estadísticas del Instituto de Seguridad Laboral, también se refirió a este trabajo: “Este proceso ha mostrado que se puede avanzar mejor en materia de seguridad y salud en el trabajo cuando se trabaja de forma colaborativa con los Organismos Colaboradores”. Y concluyó que “las propuestas del estudio van, precisamente, en la línea de aumentar la cooperación, la transparencia y la eficiencia del proceso, lo que es un tremendo aporte al sistema de seguridad y salud en el trabajo”. 

LAS PROPUESTAS

A continuación presentamos en breve las 13 propuestas:

• Redefinir la clasificación de los proyectos, con el fin de mejorar la convocatoria y caracterizar mejor las iniciativas, se propone clasificar los proyectos en tres: consultoría, investigación (científica y/o teórica) e innovación.
• Modificar el proceso de evaluación y adjudicación, que incorpore la actualización del rol del comité evaluador y la conformación de comisiones (colaborativas, mixtas y/o externas) en temas específicos.
• Modificar las rúbricas, de modo que los elementos cuantificables según escala se evalúen de esa forma (lo que hoy no se realiza), facilitando el proceso tanto a los diseñadores como beneficiarios del programa.
• Mejorar la experiencia de usuario en la plataforma de postulación, facilitando el proceso. Esto incluye, por ejemplo, la incorporación de más secciones, la posibilidad de guardar cambios y mecanismos que validen la presencia de toda la información.
• Entregar retroalimentación a los investigadores, de modo que conozcan las razones por las que no se les asignó el financiamiento y fortalezcan sus proyectos de cara a futuras convocatorias.
• Solicitar evaluación a los investigadores al cierre del proyecto, incorporando un anexo, donde los investigadores evalúen su experiencia y propongan mejoras al proceso de implementación.
• Implementar instrumentos de seguimiento de resultados, para identificar el desempeño de la convocatoria y sus investigaciones en cuanto a la difusión (el qué sucede una vez que el proyecto finaliza), de lo cual no existe noción robusta hoy.
• Establecer un protocolo para proyectos financiados en conjunto y unificar el registro de los proyectos a nivel general, de modo que los organismos administradores compartan un lenguaje común a la hora de registrar los proyectos en asuntos que son de interés en futuras evaluaciones.
• Incorporar mecanismos de participación directa para los trabajadores, levantando información sobre los intereses de todas las personas que se ven impactadas por los resultados de estas investigaciones.
• Establecer mínimos comunes en los procesos de ejecución de los proyectos,  introduciendo elementos comunes en los contratos que estandaricen aspectos como la propiedad intelectual, el uso de datos generados de la investigación, entre otros.
• Generar mecanismos de incentivo a las empresas para la participación, con el objetivo de agilizar el desarrollo de los estudios, minimizar los riesgos de sesgos en la definición de casos de estudio y facilitar la labor de los equipos de investigación.
• Actualizar las condiciones en que se ejecuta la revisión de propuestas, realizando ajustes debido a que la cantidad de proyectos que son presentados al concurso año a año muestra una clara tendencia al alza.
• Agilizar el proceso de filtro de admisibilidad, cambiando la lógica de trabajo, donde la labor recae en una persona, por una de tipo colaborativa en red.

¡Revisa el estudio completo haciendo clic AQUÍ!

21 de agosto de 2020