Nuestro director por remuneraciones de autoridades: “deben definirse por criterios de eficiencia, justicia y legitimidad”

Esta semana, Pablo González fue invitado por la Comisión de Alta Dirección Pública a exponer su visión como experto de universidad sobre la reforma constitucional destinada a determinar la dieta parlamentaria y fijar remuneraciones de altas autoridades.

A raíz de la reciente aprobación de la reforma que busca reducir las remuneraciones de autoridades, el Consejo de Alta Dirección Pública convocó a distintos expertos con el fin de conocer su perspectiva sobre los criterios que se deben considerar respecto a los alcances e impactos de esta iniciativa. 

Pablo González, nuestro director Académico en el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, fue convocado a la sesión del jueves 4 de junio, donde advirtió que “las altas remuneraciones y asignaciones son sólo la guinda de la torta… detrás del 3% de confianza a que ha caído el Congreso”. En este sentido, González enfatizó que un abordaje al fondo del problema debe abarcar medidas complementarias que “limiten el clientelismo, mejoren la calidad de las legislaciones y disminuyan la captura por grupos de interés, aspectos que lamentablemente no están en esta discusión, pero sobre los que el CSP ha hecho varias propuestas”.

Recomendación

Respecto a la misión del Consejo, añadió que es imprescindible que esta entidad considere una fundamentación que incluya: las razones para determinar las remuneraciones, desde los criterios de eficiencia, justicia y legitimidad; la revisión de la evidencia comparada con otros países y la construcción de un relato creíble que combine ambas cuestiones.

Respecto al artículo que indica que las remuneraciones de los ministros y parlamentarios deben ser iguales, el director Académico señaló que “al tener distintas racionalidades, se deben decidir separadamente, cuestión que debería ser objeto de un proyecto de ley de discusión inmediata, pues, ya es evidente, a esta alturas, que se trata, en el mejor de los casos,  de un error, y en el peor, de una trampa”.

Como dato de contexto destacó que la remuneración mediana es cercana a los cuatrocientos mil pesos. “La renta de un representante (parlamentario) podría fijarse en un múltiplo de la renta mediana, y no estirarse más allá de lo que las mayorías consideren justo, de lo contrario se arriesgaría la percepción de justicia y con ello la legitimidad”, dijo. “Es absurdo considerar el ingreso mínimo que es una variable de política.”

Y en este sentido concluyó que “la recomendación que realice el Consejo va a ser tremendamente importante para la cohesión social, para la confianza en la política, y para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”. 

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05 de junio de 2020