En un momento crucial para la construcción de una nueva agenda social en Chile, el COVID-19 demuestra que los desafíos actuales exigen respuestas colaborativas y coordinadas a nivel nacional e internacional, basadas en el rol crucial de los servicios públicos
“La crisis mundial provocada por el COVID-19 demuestra que los problemas actuales son transnacionales y multidimensionales, que traspasan las fronteras e involucran a todas las áreas de la sociedad. Las ramificaciones de la crisis actual en Chile y el mundo, esencial e inicialmente de salud pública, se han extendido a la educación, la economía, el empleo, las desigualdades, las relaciones interpersonales, entre otras áreas. Responder a todos los desafíos exige respuestas colaborativas y coordinadas a nivel nacional e internacional.
Sin duda, a nivel internacional, la calificación tardía de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no dio la señal política necesaria para activar masivamente protocolos de urgencia. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con los numerosos llamados de acción dirigidos al G20 para que se vislumbre una acción política concertada, aunque sea en el ámbito económico. A modo de comparación, cabe recordar que el G20 jugó un rol crucial durante la crisis económica de 2008, originada en Estados Unidos pero de ramificación global.
La falta de coordinación internacional ha sido agravada por la lentitud de las medidas tomadas en Chile y otros países. Dado el calendario que ha seguido la expansión del COVID-19 y la lamentable historia de nuestro país en catástrofes naturales que exigen reactividad y coordinación, la acción temprana podría haberse iniciado con un enfoque central en la prevención. De gran utilidad hubiese sido recurrir a las experiencias comparadas de otros países afectados, en los días en que aún era posible estudiarlas con mayor distancia (algunos países llevan semanas y otros incluso meses enfrentando la crisis causada por el COVID-19).
Junto a la acción internacional, se esperaría tanto en Chile como en los otros países, una coordinación estrecha no sólo interministerial sino también entre los diferentes niveles de la acción pública: municipal, regional y nacional. Es precisamente lo que ha sido criticado en otros países como en Estados Unidos, en que la falta de coordinación nacional dirigida por el gobierno federal ha agravado sensiblemente la crisis. A esto se suma la ausencia de coordinación internacional en medidas tan centrales como el cierre de fronteras decretado por Donald Trump días previos al anuncio en nuestro país.
Al igual que en Chile y en otros países, cerrar las fronteras constituye una medida de suma importancia y responsabilidad política para contener la propagación. Cerrar las fronteras sin ningún tipo de coordinación internacional constituye, por el contrario, una decisión altamente cuestionable e incluso, eventualmente, contraproducente. Por lo mismo, se puede rescatar la coordinación lograda en el caso de Chile en el marco de Prosur y entender, por otra parte, las críticas de la Unión Europea hacia la política estadounidense, no debido al cierre de las fronteras, sino a la falta de consultas con las autoridades extranjeras correspondientes.
La ausencia de coordinación internacional ante una crisis global compromete la eficacia de las medidas adoptadas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el protocolo médico a la entrada al país en los aeropuertos hubiese tenido sin duda un mayor impacto si se hubiese coordinado con las autoridades de los países europeos de abordaje, permitiendo exámenes previos al embarque y evitando contagios masivos dentro de los aviones. Se podría haber disminuido, igualmente, el caos humano generado en los aeropuertos de Estados Unidos, que ha contribuido al clima creciente de ansiedad y estrés colectivo progresivamente reforzado en todos los países afectados y que generará sin duda problemas graves de salud mental en el futuro.
Junto a la coordinación regional en el marco de Prosur, diferentes foros internacionales pueden ser utilizados para asegurar una mayor cooperación y eficacia de la acción tanto en Chile como en todos los países del mundo. Más allá de la OMS, se podría esperar, por ejemplo, que los países recurran a la UNESCO para directrices y respuestas rápidas en materia de educación y de material necesario para que todos los niños y niñas puedan tener acceso a un sistema alternativo, considerando el impacto de las desigualdades sociales y económicas en el acceso a métodos remotos.
En un momento crucial para la construcción de una nueva agenda social en Chile, el COVID-19 demuestra que los desafíos actuales exigen respuestas colaborativas y coordinadas a nivel nacional e internacional, basadas en el rol crucial de los servicios públicos, la reducción de las desigualdades estructurales y la conciencia sobre el impacto social de nuestras acciones. Sólo de esta manera, estaremos preparados para responder en el futuro con soluciones reales, solidarias y justas. Por el momento, es esencial maniobrar con las herramientas disponibles, expandiendo la cooperación internacional, y confiar en que, cuando la urgencia de paso a la oportunidad de extraer lecciones, estas determinarán, no sólo las respuestas ante futuras crisis, sino la agenda global de nuestro país”.
Francisca Aguayo
Colaboradora del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la U. de Chile y PhD en Derecho Internacional