Proyecto de ley de casi desmunicipalización

Hace un año, el gobierno mandó al Congreso el proyecto de Calidad y Equidad en la Educación. Inicialmente quedamos satisfechos. La sorpresa ocurrió cuando sacamos la calculadora y constatamos que el proyecto traía un “troyano financiero”: si se aplicaba tal cual, demolía las ya maltrechas finanzas de los 150 municipios más pequeños.

Armamos un escándalo por medio de la prensa y el Congreso. Finalmente, el Ministerio de Educación tuvo que ceder y poner US$ 150 millones adicionales para financiar la “bicicleta”. El Estado, por años, les ha concedido a los profesores bonos de retiro, antes de $ 14 millones y ahora de $ 20 millones por persona. Pero… “Sr. alcalde, le voy a prestar la plata y después se la descuento de la subvención”. Como siempre, el Estado se pone generoso y los municipios pagan la cuenta. Una infidencia: luego de aprobada esa ley, me llamó una alta autoridad de otro ministerio, que cree de veras en la educación pública, para felicitarnos porque habíamos logrado parar ese “gol” del Mineduc. Si ese “troyano” fue un error, es grave, si fue deliberado, aún más grave.

Hoy, se repite la historia. Comienzo a creer que el gobierno no sólo no quiere rescatar la educación pública de su caída libre, sino que, por acción, omisión o confusión, la está acelerando deliberadamente, con la alegre colaboración de quienes creen que tomándose las escuelas y haciendo paros la están fortaleciendo.

El recientemente enviado “proyecto de ley de desmunicipalización” concitó unanimidad en el rechazo de especialistas de todos los colores, alcaldes incluidos. El colmo llegó con el informe financiero de la ley: “Este proyecto no involucra gasto adicional alguno”. Ni siquiera para la instalación de las nuevas agencias. Se presupone que los alcaldes de las comunas más damnificadas deberán continuar cargando con las deudas de arrastre (con lo cual muchas agencias nacerán quebradas) y para más remate continuarán siendo los responsables visibles. Se presupone que aquellos alcaldes que voluntariamente agregan plata de sus propias arcas a las escuelas (US$ 180 millones anuales) seguirán haciéndolo, aun con sus facultades cercenadas.

El proyecto no desmunicipaliza. Deja diversos sistemas coexistiendo confusamente; no define una línea clara de intervención del Estado cuando una agencia local entra en problemas (fiscalizar no es lo mismo que intervenir). Peor aún, el informe del transversal panel de expertos convocado por el ex ministro Lavín recomendó hace un año la regulación del acceso de nuevas escuelas particulares. El tema fue omitido. Hoy, basta tener un título profesional de ocho semestres, poner tres millones de pesos y montar una escuela con cuatro profesores jubilados, invitando con lujo de marketing a 100 alumnos a poner ahí su subvención. El resultado: si bien hay buenas escuelas particulares subvencionadas y municipales, hay subvencionadas peores que la peor de las municipales. Dilapidación de recursos y dilución del sistema escolar.

El proyecto, como viene, está condenado a pasar dos años en el Congreso. Volarán acusaciones de obstruccionismo, todos se culparán. En esta incertidumbre, muchos alcaldes que antes se preocupaban algo por la educación, abandonarán el barco. Si la matrícula pública cae, previsiblemente, del 37% a menos del 30%, la quiebra de muchos sistemas municipales será irreversible. Llamamos a la oposición, al gobierno y los alcaldes a ponerse de acuerdo antes de marzo en un nuevo y más constructivo proyecto. Ningún enfermo resiste dos años en la UTI.

Mario Waissbluth
Blog de La Tercera, 8 de diciembre