Antecedentes

El estudio se enmarca en el Programa de Cooperación 2023-2026 entre UNICEF y el Gobierno de Chile, alineado con la Ley N°21.430 y la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032. El cual tiene por objetivo fortalecer el sistema de protección social y garantizar los derechos de la infancia y adolescencia a través de políticas intersectoriales.

En este contexto, se impulsa la implementación de un Piso de Protección Social, el cual se trata de un conjunto de garantías básicas universales para niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa se basa en la Ley N°21.430 y en la Recomendación N°202 de la OIT (2012). UNICEF y la OIT, en colaboración con la Subsecretaría de la Niñez, quienes en base a lo anterior elaboraron la Nota Conceptual del Piso de Protección Social para la Niñez en Chile, identificando programas existentes, posibles expansiones y los organismos responsables de su provisión.

La inclusión de este piso en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032 busca asegurar una cobertura universal de protección social, considerada clave para superar la pobreza, reducir la vulnerabilidad y garantizar derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales.

Metodología

El estudio operacionaliza la oferta y la demanda de prestaciones del Piso de Protección Social utilizando tres categorías poblacionales clave:

1. Población potencial: Personas con necesidades identificadas por políticas públicas.
2. Población objetivo: Subgrupo de la población potencial que cumple criterios de focalización y se espera atender en el mediano plazo (5 años).
3. Población atendida: Personas que efectivamente reciben la prestación tras la implementación del programa.

Las diferencias entre población potencial y objetivo responden a la escasez de recursos y la capacidad autónoma de algunos hogares para solventar necesidades sin ayuda estatal, donde muchos programas se basan en esta focalización.

El análisis de brechas compara oferta y demanda de prestaciones para estimar diferencias y costos. Sin embargo, se reconoce la existencia de demanda no activada, es decir, beneficiarios potenciales que no acceden a prestaciones por barreras como desconocimiento, estigmatización o desconfianza en el sistema. Esto puede generar sobreestimación de brechas, ya que los recursos pueden estar disponibles pero no ser utilizados en su totalidad.

En el caso de transferencias monetarias, la estimación de brechas es más compleja, ya que estas contribuyen a la superación de la pobreza de manera integrada con otros programas. Dado que las herramientas actuales no permiten desglosar su impacto en hogares con niños y adolescentes, se opta por utilizar la Encuesta CASEN 2022 para evaluar la brecha entre ingresos y transferencias, estimando los recursos necesarios para superar los umbrales de pobreza.

Resultados

Estimación de brecha en prestaciones consistentes en provisión de bienes finales y/o servicios

Por un lado, para ampliar la cobertura de los programas del Piso de Protección Social hasta la población objetivo tendría un costo anual de USD $2.781,06 millones, equivalente al 0,88% del PIB y al 3,39% del gasto público.

En cambio, para cubrir a toda la población potencial, el costo ascendería a USD $11.751 millones, representando el 1,57% del PIB y el 6,05% del gasto público anual.

Estimación de brecha en transferencias monetarias respecto a línea de pobreza a partir de encuesta CASEN

Los hogares con niños, niñas y adolescentes en Chile reciben anualmente USD $2.417 millones en transferencias monetarias. Para que aquellos en pobreza superen dicha condición, se requeriría un incremento de USD $545 millones anuales, lo que equivale a un aumento del 25% en las transferencias actuales y representaría una transferencia adicional mensual de $162.611 por hogar. Para hogares en pobreza extrema, el costo ascendería a USD $133 millones anuales, con una transferencia adicional mensual de $130.918 por hogar, lo que equivale a un 5,5% del total de transferencias actuales.

Para superar la pobreza en todos los hogares del país mediante transferencias monetarias, se necesitarían USD $779 millones adicionales anuales, un 0,25% del PIB y 0,95% del gasto público. Para erradicar la pobreza extrema, el costo sería de USD $216 millones anuales, un 0,07% del PIB y 0,26% del gasto público.

Estimación de brecha en la simulación de transferencias monetarias a desocupados en modalidad asimilable al seguro de desempleo

Se estima que financiar transferencias monetarias para desocupados que trabajaron en la informalidad y no contribuyeron al Seguro de Desempleo requeriría USD $695,5 millones anuales, equivalentes al 0,22% del PIB y al 0,85% del gasto público de 2023.

Si la cobertura se enfoca solo en hogares con niños, niñas y adolescentes, el costo bajaría a USD $307,1 millones (0,1% del PIB y 0,37% del gasto público). En cambio, si las transferencias se entregaran únicamente a padres desempleados con hijos, el costo anual sería de USD $189,5 millones, lo que representa el 0,06% del PIB y el 0,23% del gasto público.

Estimación de prestaciones nuevas

El piso de protección social para la niñez incluye una estimación complementaria del gasto necesario para implementar tres prestaciones actualmente inexistentes, o que deben ampliar fuertemente su cobertura, en la oferta estatal: Educación Parental, Salud Mental y Cuidado Infantil. Estas estimaciones se basan en programas similares existentes en el sector público y privado a nivel nacional, adaptados a las necesidades identificadas en la nota conceptual original.

Propuesta de escenarios de implementación

Se proponen cuatro escenarios de implementación para reducir las brechas en la cobertura del Piso de Protección Social entre 2026 y 2032, priorizando distintos criterios: vulnerabilidad, edad, tipo de programa y factibilidad financiera.

• Escenario I: Prioriza hogares con niños menores de 6 años en cuatro etapas, comenzando por los más vulnerables (quintiles I y II) y luego expandiendo a otras edades y quintiles.
• Escenario II: Expande la cobertura según quintiles de vulnerabilidad, iniciando con el quintil I y sumando progresivamente el resto hasta incluir a toda la población afectada.
• Escenario III: Organiza la implementación por tipo de prestación, iniciando con transferencias monetarias, luego bienes y servicios, y finalmente nuevas prestaciones.
• Escenario IV: Prioriza la factibilidad financiera, iniciando con transferencias y servicios de bajo costo, avanzando gradualmente hacia prestaciones más costosas según los quintiles de vulnerabilidad.

Las brechas a cubrir incluyen transferencias monetarias para superar la pobreza, bienes y servicios básicos, y nuevas prestaciones. En el Escenario IV, la fase inicial requeriría USD $545 millones anuales (0,17% del PIB), expandiéndose progresivamente para integrar programas más costosos.

Conclusión

El informe señala desafíos metodológicos y de implementación, especialmente en la calidad de los datos utilizados, lo que requiere estandarización, compatibilidad y fortalecimiento institucional para mejorar la precisión de futuras estimaciones.

A pesar del costo de implementación, la inversión en el Piso de Protección Social para la Niñez es moderada en relación con el PIB y el gasto público, y priorizar transferencias monetarias, educación parental y salud mental optimizaría recursos y maximizaría el impacto en la reducción de la pobreza infantil.

No implementar estas medidas perpetúa la vulnerabilidad y la desigualdad, afectando el bienestar y las oportunidades futuras de la niñez. Desde una perspectiva económica, por tanto, invertir en la infancia genera altos retornos a largo plazo, reduciendo costos en salud, educación, justicia y asistencia social. Más que un gasto, el Piso de Protección Social es una inversión estratégica en el desarrollo del país, promoviendo equidad, cohesión social y sostenibilidad económica.

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