Una institucionalidad para mejorar las políticas públicas

Columna de Opinión en Diario la Segunda, Martes 10 de Agosto de 2010

Cuando las últimas cifras sobre pobreza han puesto de moda el tema de la calidad de las políticas sociales parece conveniente detenerse en los mecanismos disponibles para garantizar buenas políticas. Un tema clave es contar con buena información para la toma de decisiones. Esto no sólo requiere generar más y mejor información, sino también crear los canales para que ella sea integrada por los tomadores de decisiones. La resolución de este doble problema no es trivial, como lo ilustra la variedad de arreglos institucionales que han buscado las naciones desarrolladas para resolverlo: desde consorcios de universidades que definen en conjunto con los ministerios una agenda de investigación, hasta agencias autónomas dedicadas exclusivamente a la investigación y con capacidad para definir y ejecutar su propia agenda, pasando por lo que predomina en Latinoamérica: fondos de investigación que —casualmente— producen insumos útiles para las políticas públicas cuyos resultados llegan —eventualmente— hasta quienes pueden hacer uso de ellos para tomar decisiones.

¿Cuál es el diseño institucional más adecuado para resolver este doble problema? Para responder esta pregunta conviene identificar las racionalidades de dos actores centrales. Por un lado están las jefaturas de los ministerios, cuyo mandato es generalmente muy amplio e incluye lograr resultados visibles en el corto plazo y manejar los conflictos latentes que amenazan la gobernabilidad de su sector. Los plazos cortos y la conflictividad latente lleva a una situación que puede caracterizarse en palabras de Mafalda: “Lo urgente no deja ver lo importante”. Con todo, la posibilidad de mantenerse en el poder por períodos más largos, el interés por disipar incertidumbres y la motivación de servir al país de los servidores públicos generan interés por salir de la trampa de la inmediatez y construir arreglos institucionales perdurables, destinando recursos a este propósito.

Estos arreglos institucionales deben motivar al otro actor involucrado en esta ecuación: los académicos, principales productores de conocimiento. Las reglas y montos de financiamiento para la investigación son el principal mecanismo con que cuenta la autoridad para incidir en que se produzca conocimiento pertinente y de calidad. Las consultorías que encargan indiscriminadamente los organismos públicos no son suficientes; en general, abordan temas de muy corto plazo, y en el interés inmediato del mandante, no dan garantía de independencia y calidad: no están sometidas a la revisión de pares; no contribuyen a la generación de masa crítica; muchas veces se confunde investigar con defender una posición, y sus resultados algunas veces son confidenciales. La autoridad debe velar por generar arreglos institucionales que velen por la pertinencia, la calidad, la independencia y el equilibrio entre la producción de conocimiento para el corto y el largo plazo. Además, debe evitar la duplicación de esfuerzos —lo que requiere un organismo coordinador por sector— y ampliar al máximo la capacidad de anticipar temas relevantes para las políticas públicas, con arreglos institucionales que promuevan la generación de muchas buenas ideas aunque no todas puedan ejecutarse.

Otra necesidad es la sistematización de evidencia -juzgando su calidad-, concisa y con lenguaje accesible.