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Estudio Diseño e Implementación de los Incentivos Institucionales del Sector Público

Mariana Jordan Jose Inostoza proyecto incentivos Cristian Pliscoff Noam Titelman - proyecto incentivosA fines de julio, el Centro de Sistemas Públicos entregó el informe final de este proyecto cuyo objetivo fue generar un conjunto de recomendaciones para mejorar aspectos de diseño e implementación de los incentivos monetarios asociados al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), las Metas de Eficiencia institucional (MEI) y los Servicios Adscritos a los PMG.

Encargado por la Subsecretaría de Hacienda, a través de su Programa de Modernización del Sector Público -iniciativa cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– y la colaboración de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), un equipo de 11 consultores del CSP realizó una completa evaluación sobre el funcionamiento del sistema de incentivos económicos vigentes desde el año 1998 para los funcionarios públicos.

Se trata, cuenta Noam Titelman, parte del equipo consultor del CSP, de un sistema antiguo que rige en el Estado chileno, el cual no había sido evaluado desde el 2008, año en el que fue analizado por el Banco Mundial.

“Este estudio nace de la confluencia de dos cosas: el Programa de Modernización del sector público que ha hecho una serie de estudios sobre distintos aspectos de la gestión del Estado y la necesidad de evaluar el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que representa una parte importante del sueldo de la mayoría de los funcionarios públicos”, contextualiza el investigador.

Para ello, entre octubre de 2015 y julio de 2016, se realizaron más de 40 entrevistas (individuales y grupales) a funcionarios asociados a la administración del PMG, 11 entrevistas a informantes clave ligados al PMG a lo largo de su historia y 9 entrevistas a otras autoridades involucradas, incluyendo a autoridades actuales y anteriores de DIPRES y la directiva de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Junto con esto, también se realizó una encuesta a actores relevantes de este sistema (encargados PMG de los Servicios, Jefes de Servicio, Auditores Internos de los Servicios y Dirigentes de Asociaciones de Funcionarios), así como una extensa revisión de literatura internacional disponible y recopilación de datos estadísticos sobre el sistema, base del estudio de varios modelos econométricos.

“Lo primero que encontramos en el estudio comparado es que no existe nada parecido a esto en otros países. En general, los usos de mecanismos de incentivos son más acotados y enfocados en los altos directivos que en el funcionamiento cotidiano de los funcionarios y cuando existen están más bien orientados a sectores específicos con metas muy acotadas”, cuenta Titelman.

Un segundo hallazgo del equipo de consultores del CSP, liderados por Luis Zaviezo e integrado, además de Noam Titelman, por Pablo González, Mario Waissbluth, Carlos Castro, Cristián Pliscoff, Rodrigo Salas, Jerko Juretic, Jimena Ramos, Sebastián Conde y Francisca Vidal, fue que en los últimos años la tasa de rendimiento de PMG prácticamente ha alcanzado el 100% de operatividad. En otras palabras, que este mecanismo está asumido como parte del ingreso de los funcionarios, por lo que -cuando se llega a perder- es fuente de conflicto.

De aquí que, a largo plazo, entre las recomendaciones de este estudio se propone dar un paso hacia delante en el sistema completo de gestión y control del Estado, realizando un rediseño innovador de él.

En palabras de Titelman, menos zanahorias y garrotes, y más control de gestión.

“Lo que proponemos es apuntar hacia un mecanismo que no dependa de incentivos para el trabajo de los funcionarios sino que exista una discusión de carrera funcionaria. Que el ítem salarios vaya por otro camino y que los mecanismos de control de gestión se traduzcan en mejores liderazgos, a través de directivos empoderados y motivados a través de la Alta Dirección Pública”, proyecta el investigador.

Cristian Pliscoff, también integrante del equipo consultor de este estudio, destaca el valor de este proyecto puesto que analizó, de manera sistemática y a partir de diversas fuentes de información, uno de los instrumentos de gestión más relevantes que se hayan implementado en Chile en los últimos 20 años.

“Fue especialmente interesante darse cuenta de los efectos deseados, y muy especialmente de los no deseados, que este tipo de herramientas han provocado en el sector público chileno. Creemos que hemos aportado a la discusión sobre la modernización de la gestión pública en Chile, la cual, al parecer, se encuentra algo detenida, por lo que este tipo de análisis puede ayudar a generar nuevas soluciones, dándole un nuevo impulso al proceso”, señala.

José Inostroza, Director del Programa de Modernización del Sector Público del Ministerio de Hacienda, destaca la contribución de este estudio por su aporte sustantivo, profundidad analítica y documentación, lo cual -dice- es clave para legitimar la posibilidad de cambios con distintos actores.

“En general, el estudio ha sido recibido positivamente. Estos esfuerzos son determinantes para mejorar un ámbito clave del Estado: su sistema de desempeño”.

Agrega: “Se agradece la calidad y compromiso del equipo, y su enfoque multidisciplinario”.

Mariana Jordán, consultora del Programa de Modernización del Sector Público del Ministerio Hacienda y contraparte institucional de este estudio, destaca que el producto final de esta investigación responde satisfactoriamente a lo solicitado, “los consultores hicieron un análisis bastante riguroso de la información disponible, triangulando diversas fuentes de información y entregando al final recomendaciones de corto, mediano y largo plazo que apuntan a mejorar los sistemas de control de gestión del Estado”.

Complementa:

“Los resultados han sido presentados a diversos actores, incluyendo la Dirección de DIPRES, el Coordinador Modernización del Estado y la directiva de la ANEF, entre otros, y todos han validado y valorado los hallazgos de este estudio, así como las propuestas de mejora. El desafío que queda ahora es avanzar en la mejora de estos mecanismos de incentivos y de control de gestión para apuntar a un Estado más eficiente y eficaz en la provisión de servicios a los ciudadanos”.

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Foto portada: El Comercio