Demora en designaciones de Consejo de Alta Dirección Pública pone en peligro su institucionalidad

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Una cierta “fragilidad” institucional está enfrentando en estos momentos el consejo de la Alta Dirección Pública (ADP), de acuerdo a lo que expusieron públicamente los integrantes de la citada instancia, Mario Waissbluth y Rafael Blanco.

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A estas alturas, hicieron ver los profesionales, la entidad no cuenta con presidente titular, puesto que la consejera Rossana Pérez renunció en marzo y fue sucedida sólo por la subdirectora Patricia Ibáñez en calidad subrogante. Y esta situación coincidió con el alejamiento de la consejera Rosanna Costa, quien asumió como directora de Presupuestos de Hacienda.

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A lo anterior, se suma el hecho de que otra integrante del consejo de la ADP, como es María Luisa Brahm -sobre cuya excelencia profesional no hay dudas-, pasó a cumplir un rol clave como asesora directa del presidente de la República, Sebastián Piñera, situación que no necesariamente se condice con la esperada independencia del organismo.

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Precisamente, la Alta Dirección Pública surgió como parte de una reforma para modernizar y profesionalizar la gestión pública en el país, limitando en la práctica la discrecionalidad de la autoridad en la provisión de los principales cargos directivos de la administración central del Estado.

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De esta forma, esta instancia ha desarrollado diversos procesos de selección de profesionales, cuyo balance oficial indica que el sistema partió el año 2004 con 417 cargos y ya en febrero llegaron a 939. Entre éstos se incluyen tanto aquellos de los servicios adscritos al esquema como los de los organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos mediante esta vía.

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Y la intensidad del trabajo, según lo previsto por Waissbluth y Blanco, se acentuará de aquí a un mes y, por lo mismo, urge completar el equipo del consejo. De lo contrario, se entiende, este cuerpo colegiado no estará en condiciones de realizar sus labores satisfactoriamente. Un punto que no debiera ser indiferente para los involucrados en las designaciones, como son el mismo presidente de la República y el mismo Ministerio de Hacienda, en especial porque en cada caso se han comprometido con una gestión del Estado moderno y de calidad.

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Proceder en estos nombramientos -como en el caso de otros pendientes-, por lo tanto, guarda absoluta coherencia con hacer un Estado mejor, tal como lo plantea el programa de gobierno de la actual administración. Una tarea fundamental para el país y su desarrollo, en especial cuando persiste en la sociedad chilena una crítica visión del quehacer del sector público.