A un Año de la Ley Transparencia

Por Daniel Sousa

La señora “Juanita” –aquel personaje que simbolizó a la clásica mujer chilena de clase media en la época de la Concertación- ¿sabrá que tiene el derecho de acceder a la información en manos del gobierno, que puede preguntar y que los políticos y funcionarios están obligados a responderle, que hay un Consejo para la Transparencia? A un año de que entró en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información parece que la señora Juanita no lo sabe. Y es que hay algo en la implementación de esta política que no está funcionando como se esperaba.

El 2009 fue el año de la instalación de una de las políticas públicas indispensables para el desarrollo de las democracias modernas: la transparencia y acceso a la información. Pues bien, actualmente se puede decir que ya están los ingredientes para que mejoren las instituciones, y como efecto colateral, la gestión pública. Sin embargo, esta política no funciona a plenitud debido a que la ciudadanía pregunta poco y no sabe qué hacer con la información.

Hubo cosas que se resolvieron bien, pues sí hubo una preocupación de quienes implementaron la política para cumplir con la ley, en coordinarse y capacitar dentro de lo posible a los funcionarios públicos. También, que los directores de los servicios se involucraron -motivados por las sanciones pecuniarias que tendrían y que marca la ley- para que el mecanismo de respuesta a las preguntas de los ciudadanos funcionara en tiempo y forma. En consecuencia, y como efecto inmediato, el modo de hacer las cosas en los gobiernos empezó a cambiar por el sólo hecho de que ahora se deben explicar las decisiones y que éstas se deben de fundamentar de otra manera.

Sin embargo, existen temas que dificultan la plena aplicación de la transparencia pasiva y que deben atenderse con prioridad. La luz roja está en la falta de claridad en la normativa, que repercute en los procesos de entrega de información no estén claros y se tomen decisiones discrecionales para no transparentar información; la gestión documental, pues gran parte de los servicios no han logrado digitalizar los documentos públicos, mucha información se extravió o fue destruida en décadas pasadas, y sobre todo, que las bases de datos de los servicios continúan desintegradas en una suerte de insularidad, lo que complica el proceso de respuesta; así como la falta de recursos humanos y económicos.

Daniel Sousa, Investigador asociado

Entonces, la instalación de las capacidades mínimas de operación para poder cumplir con la ciudadanía ante su derecho de preguntar y acceder a la información (mecanismo de transparencia pasiva) debió ser de manera progresiva, incremental, con recursos humanos y económicos disponibles y con tiempos más adecuados para su preparación.

Pienso en Charles E. Lindblom cuando decía en la “Ciencia de salir del paso” que ante problemas complejos, lo mejor es “irse por las ramas”, es decir, formular políticas con cambios, pequeños e incrementales, que pueden lograr una alteración al status quo más rápida que dar  grandes saltos y de súbito.

Otro  factor complejo es naturalmente la resistencia de los funcionarios a los cambios en la manera de hacer las cosas, de pasar de un paradigma del secretismo a un Estado en donde todo es público y la reserva es la excepción, lo cual es un desafío para el largo plazo y es preciso que el involucramiento de los directivos continúe guiando la gestión del cambio.

Pero, a pesar de que los anteriores problemas de claridad legal, archivos no del todo organizados y digitalizados,  falta de recursos humanos, económicos y las resistencias al cambio, los servicios del Estado no han colapsado ni los funcionarios públicos han distraído sus principales tareas para responder solicitudes de información, pues los ciudadanos no están utilizando este mecanismo de transparencia y tampoco se está incentivando a que la ciudadanía lo utilice, ya que sabe que se colapsarían otras instituciones como las municipalidades, las cuales no están preparadas para responder a una eventual mayor demanda de solicitudes de acceso a la información pública.

De este modo, la ciudadanía no está recibiendo suficiente información que le otorgue un conocimiento cabal de los alcances de la Ley 20.285 y de su importancia. Y la transparencia no ha sido prioridad en las agendas presupuestales. Bobbio señalaba que uno de los principales desafíos de la democracia real es el de las “promesas no mantenidas”, las cuales se han incumplido porque los obstáculos materiales existentes no sólo son técnicos sino específicamente políticos, por lo que no se ha logrado evitar la opacidad de los gobiernos.

Y es así que aún no es posible decir si ha mejorado la calidad de la democracia en el primer año de la Ley 20.285, aún es pronto para saberlo, sin embargo, resolver adecuadamente las anteriores dificultades en la implementación de esta política pública, que indudablemente implican una modernización del Estado, contribuirían a mejorar la gestión pública, cuyo efecto colateral sería avanzar hacia una efectiva rendición de cuentas o accountability, elemento fundamental para medir la calidad de una democracia.

Columna publicada en El Mostrador